Reuters
WASHINGTON, EU.- La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer un cuestionamiento a la política del Gobierno Federal de realizar audiencias secretas de inmigración para decidir la suerte de personas detenidas tras los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Los jueces declinaron revisar un dictamen de una corte de apelaciones, que decidió que el acceso de los medios de comunicación y del público a los procedimientos de deportación podría poner en peligro la seguridad nacional.
Sin comentario alguno, la Corte Suprema se negó a escuchar una apelación de dos organizaciones de prensa del estado de Nueva Jersey, que sostiene que el gobierno no puede mantener los procedimientos en secreto sin demostrar de manera específica por qué es necesario mantener la audiencia a puertas cerradas.
Las audiencias secretas, que han sido fuertemente criticadas por grupos de defensa de las libertades civiles, son parte de las tácticas que el gobierno del presidente George W. Bush adoptó tras los ataques con aviones secuestrados contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono.
Sólo diez días después de los atentados, se ordenó a los jueces de inmigración realizar a puertas cerradas las audiencias de los detenidos cuyos casos eran considerados por el Departamento de Justicia como de “interés especial” para las investigaciones antiterroristas del gobierno.
Actuando bajo las órdenes del procurador general John Ashcroft, el juez de inmigración Michael Creppy excluyó de las audiencias a la prensa y a las familias y amigos de los detenidos.
El Departamento de Justicia argumentó que realizar las audiencias de manera pública podría poner en peligro la seguridad nacional al dar a conocer información que podría ayudar al grupo Al Qaeda, del militante islámico Osama bin Laden, detalles sobre la investigación.
El cuestionamiento constitucional fue presentado por North Jersey Media Group y New Jersey Law Journal. Ambas organizaciones estuvieron representadas por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés).
“Creemos que las audiencias secretas son inconsistentes con nuestro sistema constitucional y que debe haber un escrutinio de los procedimientos de parte de la prensa y el público”, dijo Lee Gelernt, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal en la apelación.