A raíz de la determinación dictada por la Procuraduría General de la República mediante la cual negó el ejercicio de la acción penal por los delitos de “lavado” de dinero y delincuencia organizada, en contra de varios ex funcionarios de Pemex y los líderes del sindicato de esa paraestatal, el Partido Revolucionario Institucional pretende que se revise la sanción pecuniaria que por mil millones de pesos le impuso el Instituto Federal Electoral.
Cierto es que la citada determinación viene a ser un elemento superveniente a la imposición de la sanción mencionada, pero también lo es que la misma tiene como causa el hecho de que el PRI no reportó al IFE el ingreso y utilización de quinientos millones de pesos durante la campaña del dos mil, lo que implica que se trata de dos cosas distintas y no de una misma, como lo pretenden hacer aparecer los voceros de ese partido.
Por eso el consejero Gastón Lucke declaró recientemente que el IFE no dará marcha atrás a la multa que le impuso al PRI y no hay razón para ello pues, además de ser cosas distintas, como se sostiene, la determinación del Instituto fue impugnada ante el Tribunal Electoral Federal y éste confirmó su correcta imposición, de manera que en ese asunto ya existe cosa juzgada.
En lo que sí tendrá que ser muy cuidadoso el IFE es en el manejo que le dé al procedimiento administrativo que tiene abierto en contra de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista por el asunto de los “Amigos de Fox”, pues es importante para preservar su imagen de imparcialidad que actúe con escrupuloso apego a la ley y sin que los consejeros que lo integran se dejen influir de manera alguna para que la resolución que emitan no pueda ser tachada de ilegal o parcial. Porque eso sí haría desconfiar a la ciudadanía tanto de los consejeros como de la institución.