Ya son ocho las escuelas que cierran sus puertas
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El caos va en aumento. Ahora tres mil 500 alumnos no tuvieron clases y el problema se pude ampliar para la próxima semana. Representantes de las asociaciones de padres de familia de la zona 38 demandaron la intervención del subsecretario de Educación, Fermín Cuéllar González. El funcionario estatal ofreció el diálogo encaminado a la solución del conflicto, el cual calificó como derivado de pugnas sindicales.
Por su parte, los maestros de un jardín de niños, otra primaria y dos secundarias estatales, se sumaron oficialmente a la inconformidad y ahora son ocho los planteles que cerraron sus puertas. La postura es la misma: rechazo a las tres maestras reubicadas de la primaria Emilio Carranza.
Joel Villarreal Solís volvió a escena. A las 10:30 horas, afuera de la primaria del Instituto 18 de Marzo, el principal opositor a la administración de la primaria Emilio Carranza, repartía volantes donde “invitaba a los padres de familia a exigir sus derechos y señalaba el problema legal desatado al impedir el trabajo de tres maestras”, entre otros puntos.
Dentro de la dirección del Instituto 18 de Marzo, Heriberto Ruiz , secretario delegacional de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manifestó que la reubicación de las maestras fue “unilateral”, porque no se consultó con los subordinados, agregando que su movimiento sólo busca la protección de los niños.
Diana Estivali García Villarreal, Yolanda Hernández Castrejón y Socorro Muñoz Pérez, maestras reubicadas de la Emilio Carranza, informaron a las 11:30 horas, sobre las dificultades que enfrentaron al intentar cobrar su cheque en el Edificio Durango, calificando esta acción como una medida de presión en su contra.
Reforzando su versión sobre el problema intergremial de la Sección 44, Fermín Cuéllar manifestó que la pugna se deriva de la confrontación de ideas entre los maestros afines a la dirigencia sindical y los que ellos mismos llaman como disidentes, simpatizantes del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo).
El representante de las cinco asociaciones de padres de familia de la zona 38, Francisco Javier Acosta Saludado, señaló que son ellos los responsables de la suspensión de clases y dio a conocer al término de una reunión un punto de acuerdo: “Regreso a clases sin maestras (conflictivas)”.
Con esta última postura, los padres de familia se entrevistaron a las 12:20 horas, en la Subsecretaría de Educación, con Fermín Cuéllar. Al tomar la palabra los padres, dejaban claro que deseaban una solución inmediata sin tomar en cuenta al resto de los protagonistas del problema.
La respuesta de Cuéllar González fue clara. Actuar dentro de la Ley para construir una alternativa de solución integral, incorporando a los tres actores del problema: Sindicato, las tres maestras y los padres de familia. La intención es que el diálogo surja antes del miércoles 17 de septiembre.
Como se informó en su oportunidad, la suspensión de clases fue determinada por directivos y maestros de las primarias de la zona 38, los padres de familia se unieron a la inconformidad contra las tres maestras reubicadas y las autoridades educativas iniciaron un proceso jurídico por desacato.
El “puente” del inicio de la Independencia se atravesó. La suspensión de clases por tiempo indefinido sigue vigente. El Subsecretario de Educación pugna por el diálogo, los maestros siguen en su postura, los padres exigen solución y la Cocopo empieza a asomarse. Mientras tanto, niños y jóvenes siguen sin clases.
Difícil petición
Desde el punto de vista de la Ley Estatal de Educación del Estado de Durango, la petición que hacen los padres de familia sobre la remoción de las tres maestras recién reubicadas de la primaria Emilio Carranza, no procede.
Miguel Gerardo Rivera, subdirector de Educación Básica de la Subsecretaría de Educación, hizo referencia a la citada Ley y agregó que los compromisos y obligaciones de los padres de familia son notificar a la autoridad sobre cualquier anomalía.
“Es la autoridad la responsable de adoptar medidas y no los padres. Además las determinaciones de la Subsecretaría no son unilaterales, ya que se cuenta con la facultad para hacerlo”, señala el subdirector.
Sobre el posible trasfondo intergremial en el conflicto, Miguel Gerardo Rivera señala que de las siete maestras reubicadas, sólo tres enfrentan problemas, mientras que las otras cuatro imparten clases desde el inicio del ciclo escolar.
Respecto a la posible sanción que pueden recibir las directoras de los tres planteles que iniciaron el paro de labores, el funcionario educativo manifestó: Cuando se violenta el Estado de Derecho, la normatividad educativa se hace presente y se canaliza al departamento Jurídico, donde se analiza la situación”.