El déficit presupuestal de la Universidad Juárez crecerá a los 84 millones de pesos (mdp) al cierre del 2003, según una proyección conservadora que hace el tesorero general, Rubén Calderón Luján, originado por prestaciones que reciben los trabajadores universitarios, académicos y administrativos, sin que las reconozca la Secretaría de Educación Pública.
Dijo que la SEP autorizó a la UJED, para el presente año, un subsidio ordinario de 313 mdp, que representa un crecimiento de sólo el 6.8 por ciento, en comparación con los 292.8 mdp recibidos durante el 2002; también, por el momento, el gobierno estatal autorizó 47.2 mdp como subsidio ordinario, que equivale al 13.1 por ciento del total del subsidio que tendrá la Universidad, más 10 mdp, anunciados desde finales del año pasado, por el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, como regularizables año con año.
Calderón Luján aclaró que estas cifras seguramente van a subir en el transcurso del año, conforme se modifiquen los convenios y se autoricen subsidios extraordinarios; que en el 2002 fue de 11 mdp por el gobierno federal y 12.8 mdp del Gobierno del Estado.
Reconoció que el 92 por ciento de los ingresos ordinarios y extraordinarios que tiene la Universidad se destina principalmente al pago de salarios y prestaciones, y solamente un 8 por ciento está etiquetado para gasto operativo, reconociendo que hay problemas para cumplir con los requerimientos originados en este renglón, máxime que en los últimos ha crecido la infraestructura física y de equipo.
En términos generales, en el 2002, la UJED tuvo ingresos ordinarios y extraordinarios federales y estatales por un total de 369.4 mdp, y que en este año está arrancando con un subsidio ordinario autorizado de 370.2 mdp, es decir, casi similar, a reserva de que aumenten a lo largo del año, como naturalmente ocurre.
Respecto al déficit, señaló que la Universidad cerró en diciembre pasado con 59.9 mdp, y en este año proyecta que suba otros 25 mdp, conservadoramente, al reconocer que el gasto operativo también está creciendo, porque a través del Fondo para el Mejoramiento de la Educación Superior (Fomes), conocido como Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, la UJED ha logrado ampliar su infraestructura, su equipamiento, sus laboratorios y redes de cómputo, y por ende los requerimientos de insumos para operarlos, mantenimiento y conservación, viáticos, viajes de estudio, etc.
El déficit presupuestal en el 2001 alcanzó los 47.1 mdp, y en el 2000 cerró con 29.2 mdp. El origen de la insuficiencia de recursos es la misma: prestaciones no reconocidas por la SEP como el pago de la despensa, el pago de jubilados, las sustituciones del personal administrativo y académico, prima de antigüedad, prestaciones no ligadas al salario, cinco días adicionales de aguinaldo, cinco días adicionales por año y la prima de antigüedad.
El Tesorero General explicó que la UJED pidió a la SEP, en su propuesta de presupuesto, 480 millones de pesos, que es el “ideal”, porque con esto se resolvería el déficit, y como no se autorizó, continuará aumentando a lo largo del presente año.
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Las universidades del país están analizando y discutiendo un nuevo modelo de asignación de subsidios que deje a un lado la presión política o la discrecionalidad con que en décadas pasadas se otorgó y que originó un rezago histórico en universidades como la UJED.
Joel Ávila Ontiveros, director de Comunicación Social de la UJED, dijo que ahora se contempla, en primer término, buscar igualar el costo por alumno de las universidades y tomar en cuenta una serie de indicadores académicos que impulsen a las universidades a dedicar sus mayores esfuerzos a la docencia y a la investigación.
“Con el nuevo modelo, las universidades conocerán los criterios de asignación de subsidio y que serán accesibles a sus comunidades y a la sociedad en general”, dijo.
Adelantó que se contemplan los mismos criterios para la distribución de recursos a todas las instituciones, los mismos principios y lineamientos, los mismos indicadores de desempeño institucional para definir el monto del subsidio y se orientará a impulsar el mejoramiento de las funciones sustantivas y será un instrumento para reconocer el desempeño de las instituciones.