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MÉXICO, DF.- Hasta anoche, los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública negociaban con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la forma en que se aplicará el gasto para el próximo año, a partir del establecimiento del programa integral de austeridad en la administración pública federal.
La SHCP planteó a diputados de la Comisión recortar el presupuesto en 20 mil millones de pesos, recursos que serían reasignados a áreas prioritarias.
Este planteamiento provocó fricciones entre la dependencia y los legisladores.
De ese total, 18 mil 237.90 millones de pesos se ajustarían a la baja al gasto programable; mil millones de pesos a los Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores y 926.20 millones de pesos, corresponderían al recorte de plazas en el Gobierno Federal.
El decreto del Presupuesto de Egresos 2004 que discutirá hoy domingo la Cámara de Diputados considera reasignaciones por 25 mil millones de pesos y recortes al gasto corriente sustentados en la disminución de 15 por ciento a las prerrogativas de los altos funcionarios.
Las negociaciones durante el día se intensificaron. Los legisladores plantearon al Gobierno un decreto de Presupuesto de Egresos “con dientes”, esto es, con normas claras para evitar la discrecionalidad del Ejecutivo.
Incluso, se contempla la creación de un sistema de evaluación y seguimiento a los recursos de los programas sociales que deberá entrar en operación en el mes de abril del próximo año para dar certidumbre al gasto.
Las desincorporaciones previstas por el Ejecutivo Federal fueron desechadas por los diputados.
Asimismo se plantea quitarle al Ejecutivo Federal la totalidad de los tiempos oficiales en medios electrónicos para repartirlos a los poderes Legislativo y Judicial.
Por lo que toca al reparto de los recursos por excedentes petroleros, los legisladores habían acordado mantener el porcentaje de reparto empleado este año, es decir, 25 por ciento para el fondo petrolero, 25 por ciento para reestructuración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 50 por ciento para los estados.
En el tema de los tiempos oficiales, los diputados acordaron la siguiente distribución: 30 por ciento para el Poder Legislativo, 30 por ciento para el Poder Judicial y 40 por ciento para el Ejecutivo federal. Esto quedará reflejado en el artículo 31 del decreto.
Las dependencias y rubros más afectados con la propuesta oficial son el Poder Judicial, al que se le quitan cuatro mil 370 millones de pesos; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tendría dos mil 305.60 millones de pesos menos y Pemex, organismo al que se le quitan dos mil 282 millones de pesos.
En seguida, se encuentran, la Comisión Federal de Electricidad, que tendría mil 152.80 millones de pesos menos; mientras que a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas, se les restarían mil 152.80 millones de pesos.
Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistían en que uno de los mayores recortes tendría que darse en la Presidencia de la República, ya que es donde más ha crecido la burocracia, empero, Hacienda tan sólo propuso recortarle 27 millones de pesos.
Al Poder Legislativo, plantea ajustarle 867 millones de pesos, de los cuales, 667 millones de pesos se le quitarían a la Cámara de Senadores (del gasto contemplado para el nuevo edificio sede), en tanto que la Auditoría Superior de la Federación tendría 200 millones de pesos menos del Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado.
De prosperar la alternativa sugerida por Hacienda y respaldada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Compañía de Luz y Fuerza también verían afectados sus ingresos en menos 576.40 millones de pesos y 115.30 millones de pesos, respectivamente.
Al Instituto Federal Electoral (IFE), Hacienda propone ajustar su presupuesto a la baja en 320.50 millones de pesos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 23.20 millones de pesos.
Por otra parte, los tiempos oficiales se distribuirán así: 30 por ciento para el Poder Legislativo, 30 por ciento para el Poder Judicial y 40 por ciento para el Ejecutivo federal.