Gómez Palacio, Dgo.- Gómez Palacio no escapa de los problemas que se viven en prácticamente todas las ciudades del país: pobreza, marginación, delincuencia, desempleo, drogadicción y todo lo que estos factores desencadenan.
Colonias como Tierra Blanca, José Rebollo Acosta, El Refugio, El Consuelo, Ricardo Flores Magón, Casablanca, El Mezquital, Felipe Ángeles y muchas otras, además de las comunidades rurales son testigos de ello.
Producto de invasiones de terrenos o asentamientos irregulares consentidos por las autoridades, los habitantes de dichas colonias están inmersos en un agobio de carencias dentro y fuera de sus hogares.
?No le digo cómo me llamo porque luego puedo tener problemas?, sentencia la vecina del 915 de la calle Juan Almonte, en la colonia José Rebollo Acosta, quien asegura, falta casi de todo: una lámpara de alumbrado público que se halla a unos 100 metros falla con frecuencia y enfrente de su casa está un lote baldío que necesita iluminación, pues es tiradero de animales muertos.
La presión del agua en esta colonia también disminuye conforme se elevan las temperaturas y aunque el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado asegura que hay líquido suficiente para abastecer al 100 por ciento de la población, quienes habitan otros sectores como la Fidel Velázquez, siguen dependiendo de un tinaco o cisterna para cubrir las necesidades diarias.
?Ni imaginar que nos vayan a poner pavimento?, expresa haciendo énfasis en que la Rebollo Acosta, al igual que Tierra Blanca, se asentaron sobre los profundos huecos que se formaron por el funcionamiento de ladrilleras en ese sector y los mismos paracaidistas tuvieron que subir el nivel de la superficie mediante la compra de camiones cargados con escombro y materiales de desecho. Aún se pueden observar montones de material afuera de las casas.
Ahí todavía existen jacales de cartón blanco y láminas cuyos dueños no han podido empezar a construir; familias completas crecen en condiciones de promiscuidad al habitar un sólo cuarto que sirve de habitación, cocina y descanso para todos.
Al fondo, otro sitio más reducido cumple las funciones de sanitario, separado del exterior por las láminas y cobijas a modo de cortinas.
La carencia de nuevas vialidades y la atención a las que ya existen es otra de las necesidades más pronunciadas en el municipio, pues las que están en funcionamiento se hallan saturadas y en malas condiciones y no representan un alivio a los congestionamientos.
El crecimiento de la ciudad ha sido un tanto desordenado, pues durante décadas se ha permitido la formación de colonias paracaidistas mediante la invasión de terrenos, lo que limitó seriamente su desarrollo y crecimiento armónico.
Para el regidor panista Gerardo Nolazco Carrillo, Gómez Palacio nunca ha sido objeto de un estudio serio y profundo de su vialidad, mediante el cual se puedan definir las necesidades y con base en ello se hagan las correcciones. Los cambios en el sentido de calles, colocación de semáforos y señalamientos sólo se han hecho mediante la sugerencia de los directores de Tránsito en turno.
Por ahora, dijo, es necesario abrir accesos al oriente de la ciudad, pues es hacia donde se dirige el crecimiento y se construye gran parte de los nuevos fraccionamientos; además de ello, debe ampliarse la cantidad de calles que cruzan sobre las vías del tren y la aplicación de recursos a la instalación de semáforos sincronizados en las calles del centro, pues son los mismos aparatos desde hace varias décadas.
La pavimentación de las calles es uno de los servicios públicos que se frenó desde el 2002, en que el Gobierno Federal practicó recortes mensuales en las participaciones a Estados y municipios; cuando iniciaban trabajos en algunas vialidades del centro con máquina recicladora, éstos fueron suspendidos y no se han reanudado.
Actualmente, el municipio de Gómez Palacio tiene necesidad de pavimentación en unos 200 mil metros cuadrados y esto se refleja en las colonias de la periferia e incluso algunas otras que están localizadas junto a la zona centro de la ciudad.
Crisis social
Apoyado en el desempleo de miles de jóvenes, el problema de la drogadicción se extiende en niveles alarmantes en las colonias y alcanza hacia los planteles educativos, sobre los que amas de casa ya comienzan a denunciar, aunque con demasiado temor, la presencia de vendedores de droga que aparentan ofrecer golosinas a los pequeños, en una práctica de ?narcomenudeo? que no debe ser ignorada por las autoridades, las que incluso han reconocido públicamente que la Comarca Lagunera en general es un punto de descanso para las redes de narcotráfico que operan en el país.
En los ejidos es más acentuado y así lo reconoce el director de Desarrollo Rural y Reservas Territoriales del Municipio, Raúl Meraz, al manifestar que aparejado con el consumo de alcohol, las drogas son el refugio de los desocupados por las empresas maquiladoras que sólo dejaron una falsa expectativa en las comunidades rurales.
Esto, desde luego, se refleja en el pandillerismo y violencia intrafamiliar que afecta principalmente a las mujeres.
Otro de los aspectos que hacen crisis en los ejidos es la falta de agua para hacer producir la tierra, de ahí que más del 50 por ciento de los ejidatarios estén convertidos en avecindados, rentando o vendiendo sus derechos.
De los 102 ejidos con que cuenta el municipio, un 15 por ciento carece de agua potable y drenaje, mientras que otro diez ó 12 por ciento no cuenta con pavimento ni energía eléctrica; ahí, la marginación es más latente y propicia a ser utilizada como botín político para conseguir el ?voto verde? de quienes después se olvidan que existen los ejidos, reconoce el dirigente de los campesinos, Antonio Leyva.
La educación, por los suelos
La situación por la que atraviesa el sistema educativo en Gómez Palacio también es digna de ser analizada, pues la intromisión de intereses muy distintos al de mejorar la educación ha acabado con el prestigio de algunos planteles y con la credibilidad de los funcionarios del sector.
Desde septiembre pasado, la escuela primaria ?Emilio Carranza? ha sido sitio de discusiones, enfrentamientos, plantones, interrupción de clases y ha servido como tribuna para el Consejo Coordinador Obrero Popular, agrupación presuntamente financiada desde el gobierno estatal que busca el control político y la obtención de plazas laborales.
Ante cada hecho, la Subsecretaría de Educación a cargo de Fermín Cuéllar ha guardado un absoluto silencio y lo ha dejado en manos de otras instancias como el Tribunal de Conciliación.
Lo que nació como una demanda de aclarar el manejo de las cuotas de los padres de familia de la escuela primaria, se ha convertido en un conflicto laboral, político, educativo y hasta judicial, pues ahora está en manos de un juez federal decidir si el dictamen de la auditoría al plantel que practicó la Secretaría de la Contraloría de la entidad fue o no apegado a la Ley.
Menos prolongados, se han registrado movimientos en otros planteles como el Instituto ?18 de Marzo? y la primaria ?Silvestre Revueltas? .
El reino de los ?piratas?
El transporte público se puede definir como el punto neurálgico que se ha agravado en Gómez Palacio, apoyado en la ausencia de una autoridad estatal que escapa de las respuestas y soluciones inmediatas, mientras este aspecto se envuelve cada vez más en una maraña de diferencias, irregularidades e intereses políticos.
Cada conflicto que se ha presentado en la prestación del servicio público de transporte lo ha demostrado: ?pirataje? en casi todas las modalidades; sitios que funcionan mediante acuerdos verbales o con copias de permisos expedidos hace años; convenios entre autoridades y transportistas que contradicen la propia Ley de Transporte del Estado; plazos que no se hacen efectivos y el predominio de las organizaciones que sirven de control político para la autoridad estatal.
Hasta ahora, la delegación regional convertida en Subdirección de Transporte no ha adquirido facultades para actuar sobre todos estos aspectos sin consultar a la dirección estatal.
Tampoco se ha hecho efectivo el convenio con el que -se presumió entonces, al realizarse la firma entre Gobierno del Estado y la administración desde principios de febrero pasado- el Municipio adquiriría facultades para prevenir, vigilar y sancionar a los transportistas que infringieran la Ley, en apoyo a los siete inspectores que tienen esa responsabilidad pero no sólo en Gómez Palacio, sino en otros seis municipios de la región.
El subdirector de la dependencia, Francisco Torres Larriva, le apuesta al término del plazo que la Secretaría de Finanzas otorgó a las agrupaciones choferiles en el pago de los derechos vehiculares, a finales de julio próximo, para empezar a actuar contra quienes prestan el servicio irregularmente.
?Todos estos conflictos que se han estado presentando, se deben a que los líderes buscan sacarle el último provecho a todas las componendas que siempre han tenido?, sentencia al referirse a los bloqueos y plantones de los que su oficina es sede con frecuencia.
El beneficio, sin embargo, ha sido para el Partido de la Revolución Democrática, motivo para solicitar un juicio político en contra del director de Transporte del Estado, Ramón Guzmán Benavente y el subdirector Torres Larriva, pues es violatorio a la Ley de Transporte que sentencia la obligación de la autoridad en vigilar y sancionar a quienes prestan el servicio sin placas ni permiso.
Torres Larriva asegura que es casi imposible conocer la cantidad de unidades ?piratas? que, según refiere, aumentan por las noches y días festivos. A este respecto, las organizaciones de transportistas afirman que tan sólo en la modalidad de taxis son más de mil unidades las que operan sin permiso, contra los dos mil 400 que conforman el padrón oficial.