Conmueve y perturba el atentado que lesionó a la consejera presidenta de la autoridad electoral mexiquense, María Luisa Farrera. Es imposible, por los indicios iniciales, desligarlo del proceso electoral que ella encabeza. Es imposible también señalar el rumbo de donde provino la agresión. Es claro, sin embargo, que las heridas graves inferidas a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México fueron realmente dirigidas a inhibir e intimidar a los participantes en ese proceso.
Los comicios mexiquense son tenidos generalmente, y de modo especial en esta oportunidad, como un anticipo del tono y los resultados del proceso para renovar la Cámara de Diputados en julio próximo. Por esa razón, por el tamaño de la entidad y la cuantía de los recursos otorgados a los partidos, la temporada electoral mexiquense, que concluye el nueve de marzo, es imán que atrae a personajes de todos los partidos, más allá de la dimensión local. Ayer mismo, en la sesión que no pudo presidir la consejera Farrera, asumió la representación de la Alianza para todos (PRI-PVEM), el muy fogueado Dionisio Pérez Jácome, uno de los más claros representantes del viejo estilo, diputado varias veces, ex senador, ex subsecretario de Gobernación. Igualmente es muy diestro en la discusión deliberativa Pablo Gómez, que duplica sus esfuerzos, ya que representa al PRD en el IFE y también en la instancia mexiquense. Y Francisco Gárate Chapa es ahora el representante panista, una vez que la conciliación pudo más que la disputa legal: Fue destituido como presidente de su partido en la entidad, se inconformó ante el IFE y éste le denegó su pedido de ser reinstalado. Pero alguien halló la salomónica decisión de no volverlo a su cargo pero ofrecerle, en cambio la representación partidaria ante el órgano electoral.
El consejo del Instituto, presidido por la ahora lesionada consejera Farrera, emitió la semana pasada una solicitud al Presidente Fox para que, atento al espíritu de la legislación electoral local, se abstuviera de hacer proselitismo en el Estado de México. Él y su esposa, en efecto, lo habían practicado en los días anteriores. Y habían también resuelto seguir haciéndolo, no obstante la instancia del órgano electoral que ni siquiera tuvo acuse de recibo. La propia presidenta Farrera denunció hace una semana al alcalde de Ecatepec, el panista Agustín Pastrana, por asistir junto a la señora Sahagún a un acto propagandístico.
La alianza tetracolor fue más allá. En un atrevido lance, que no tiene camino judicial aunque intentó revestirse de ese carácter, los dirigentes locales de los partidos coaligados, es decir el indescriptible Isidro Pastor, denunciaron el lunes a Fox, a su esposa, y a varios funcionarios federales, así como a candidatos a alcaldes, por peculado electoral, que consiste en destinar recursos públicos al apoyo de candidaturas. La señora Fox no es miembro del gobierno, y por lo tanto le es inaplicable la legislación que pena la desviación del patrimonio público, conducta en que sólo los servidores públicos pueden incurrir. Pero a Pastor, que en el machismo más cerril y peligroso hizo que la propaganda priista tuviera huevos como elemento gráfico central, no parece importarle la aplicación de la ley, sino provocar escándalo. Es la misma actitud irresponsable que lo llevó a inducir a algunos votantes, quizá no los ochocientos mil de que se ufana, a indicar si quieren que sus futuros legisladores instauren la pena de muerte, extremo jurídicamente imposible de cumplir, por las infranqueables barreras constitucionales. (Por añadidura, parece haber mentido también sobre el número de llamados telefónicos que incluyó en su alegre estadística. Por lo menos ha engañado respecto del procedimiento y la empresa que produjo ese registro, y hasta ahora no ha considerado pertinente mostrarlo, acaso porque no existe o no es fehaciente).
El crispamiento en el proceso electoral, denotado por estos rasgos, produjo ya una víctima. Es preciso que no se multipliquen los casos de agresión, ni se ahonden sus efectos. Tuvieron razón los consejeros del IEEM, y los representantes de los partidos en rechazar de inmediato la violencia, en solicitar a los participantes que se conduzcan con civilidad y, de manera precisa, que haya garantías “para los actores en los procesos electorales y para los integrantes del Consejo General”.
También instaron al procurador Alfonso Navarrete Prida, a investigar el suceso —en que dos individuos hirieron con arma blanca a la consejera Farrera, en la cara, el cuello y el tórax— de manera “pronta y expedita”. Debieron también pedirle que lo hiciera de modo responsable y no como lo hizo, arrojando gasolina al fuego. En una apreciación ligera y provocadora Navarrete esbozó esta suerte de insostenible hipótesis: “El único elemento que salía fuera de lo normal de una actividad rutinaria de la presidenta, eran las denuncias que había presentado con toda valentía y con toda dignidad... ante la Procuraduría. Con toda valentía presentó su denuncia, se vinieron críticas muy fuertes hacia ella y se enrareció el clima político de la entidad”.
¿O sea que fueron panistas quienes, en venganza por ese acto valiente y digno agredieron a la presidenta del IEEM? ¿Y si fueron miembros de otro partido, el que gobierna el estado, por ejemplo, los que así procedieron para justamente cargar la factura a quienes implicó el procurador? Tan irresponsable es una conjetura como la otra. Mejor investíguese.