Nuevamente en su asamblea mensual ordinaria, los secretarios generales de los sindicatos cetemistas, y el Comité Ejecutivo Estatal de esa central, arremetieron contra el Instituto Mexicano del Seguro Social al exigir que los médicos y enfermeras dejen de actuar con prepotencia y soberbia ante los derechohabientes, y que de requerirse plazas que ?se disminuya el número de comisionados sindicales?, con el fin de que se proporcione realmente un servicio de calidez.
Ante la presencia de un representante de la delegación del Seguro Social, varios de los secretarios generales de los sindicatos cetemistas expusieron casos específicos de las irregularidades cometidas por el Instituto en contra de trabajadores asegurados y sus familiares derechohabientes, lo que dio por conclusión, según expresión del dirigente estatal José Ramírez Gamero, que las anomalías se originaban en actitudes prepotentes, de soberbia y hasta negligencia de algunos médicos y enfermeras.
A las denuncias por irregularidades en la atención médica a trabajadores y sus familiares, se sumó que algunas empresas, con el fin de evitar que el IMSS se entere de riesgos de trabajo, tienen médicos y enfermeras particulares para que atiendan casos ?superficiales? de salud de su personal. De manera concreta, el representante del sindicato ?Gonzalo Unzueta?, de una de las industrias del Grupo Rincón, expuso que a uno de los compañeros que requería atención médica especializada se le había amenazado con despido de acudir al Seguro Social.
Otro caso que expuso Raúl Ramírez Gamero fue el que sucedió en una constructora, cuando un obrero se lesionó una pierna, y al acudir ante el médico familiar del Seguro Social, se le recomendó llevar la firma del patrón para que se tipificara como un accidente de trabajo, a lo cual se negó el empresario.
También se denunció la programación retardada en las cirugías y consultas de especialidad, a consecuencia de la negligencia que adoptan algunos médicos, que ordenan las atenciones pero no les dan seguimiento, y los otros galenos se deslindan de responsabilidad, por lo que los pacientes se quedan indefensos y se les obliga a recurrir a los particulares, lo que deteriora más su economía.
Tanto Ramírez Gamero como Raúl Ronquillo, así como el representante del Instituto en la asamblea, coincidieron en que no se debía permitir que sucediera lo anterior, y acudir ante el IMSS a ser tratados de cualquier enfermedad, para que el organismo determine los riesgos de trabajo y, si es necesario, que se grave al patrón. Ya que inclusive, de tratarse el padecimiento en lo particular, o con los médicos de la empresa, el afectado es como si renunciara a posteriores prestaciones que se pudieran derivar.
Antonio Yáñez, del sindicato de Tahoneros, al explicar un caso específico, tronó contra el IMSS, al señalar que no es posible que todas las irregularidades tengan que ser corregidas por el Delegado ante las gestiones que se realicen con él, mientras que los directivos de hospitales y clínicas ?naden de a muertito? y no atiendan las denuncias que reciben, por temor a molestar a los sindicalizados.
El dirigente estatal, Ramírez Gamero, dijo que hay comprensión por la situación económica del Instituto, e incluso de que pudieran faltar plazas, pero no a la actitud soberbia y de prepotencia de los médicos y enfermeras, por lo que propuso que para cubrir el déficit de espacios laborales se reduzca el número de comisionados al sindicato del organismo.
El jefe de la Unidad de Atención a Quejas y Derechohabientes, Raúl Ronquillo, solicitó que se plantearan casos específicos para poder resolverlos, aunque señaló que pondrá al tanto al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre las denuncias de prepotencia y soberbia de médicos y enfermeras, y de que se realice una revisión de los directivos de hospitales y clínicas.
En la asamblea mensual de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que se realizó ayer, el funcionario del Seguro Social informó sobre el seguimiento a las denuncias que se plantearon en la pasada reunión, por lo que insistió en tener casos concretos de las supuestas irregularidades para darles el seguimiento debido.