La Cuenca de Burgos es la más grande reserva de gas natural en nuestro país y se localiza en parte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. México es un país necesitado de este recurso natural y por falta de inversión en el sector relativo a la explotación del mismo, de mil novecientos noventa y ocho a la fecha la producción ha bajado en más de un siete por ciento, lo que nos obliga a importar gas a un alto costo.
Petróleos Mexicanos ha licitado y puesto a disposición de la inversión privada nacional o extranjera la explotación de la cuenca, mediante los denominados contratos múltiples. Los contratos implican la concesión de la explotación de las reservas de gas por veinte años, que en función de los montos a invertir se presume quedarían en manos de compañías extranjeras, en virtud de la falta de capital nacional disponible.
A esta política de apertura de Petróleos Mexicanos, se opone un grupo de senadores priistas que consideran un ultraje a la soberanía nacional esta forma de apertura al capital privado. La visión de Pemex y del Gobierno Federal, considera que es más improductiva la parálisis que implica el vivir sentados en un manto de riqueza inexplotada, mientras nuestro país carece de energéticos para impulsar su desarrollo y el combate a la pobreza.
Los gobiernos estatales involucrados apoyan la política de apertura de Pemex, contra la opinión que posterga la generación de empleos y el reparto de la riqueza resultante. Es necesario buscar los puntos de equilibrio que con sentido común, nos permita acometer el aprovechamiento de nuestros recursos naturales con plena responsabilidad, porque la pobreza es el peor enemigo de la independencia de la sociedad y de la soberanía del Estado.