La aprobación de la cuenta pública del Gobierno de Coahuila que corresponde al año 2002, revela un escaso nivel de transparencia y un lamentable subdesarrollo político. Lo anterior en virtud del abismo entre los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática que se muestran dóciles a un apoyo incondicional carente de visión crítica, frente a una oposición que denuncia una grave falta de información que a su decir, no permite el análisis.
La postura más dura de la oposición corre a cargo de las bancadas del Partido Acción Nacional y la Unión Democrática de Coahuila. Los diputados de ambos partidos manifiestan que no existen las condiciones de acceso a la documentación de las dependencias del Poder Ejecutivo, que permitan hacer un diagnóstico del gasto, en orden no sólo a la simple comprobación sino a su pertinencia y rendimiento.
Lo anterior es lamentable porque uno de los pilares del sistema democrático es la división de poderes, que tiene por objeto el equilibrio en su ejercicio como medio para frenar el autoritarismo. Si tal mecanismo no opera en la práctica, la relación entre los poderes se convierte en un evento teatral y por tanto en una burla para la ciudadanía, dado el enorme costo que implica el respectivo montaje institucional y su gasto corriente.
Es necesario impulsar el desarrollo de la vida pública de Coahuila, a partir un nuevo marco legal que constriña al Poder Ejecutivo a rendir cuentas claras. Además de la reforma legislativa que esto implica, es indispensable una gran dosis de voluntad política de los actores políticos para abrir en serio los elementos documentales que sustenten la cuenta pública, a la luz de criterios que permitan su análisis a fondo.