“Lo que más vale en el hombre es su capacidad de insatisfacción”.
José Ortega y Gasset
Hoy que los diputados están estudiando propuestas de modificación a la Ley del IVA, bien harían en eliminar uno de los grandes engaños a la sociedad: la regla que obliga a comerciantes y proveedores de servicios a ocultar a los consumidores la composición real del precio en los productos y servicios. Parece realmente alucinante en un país que tiene ya una Ley de Acceso a la Información y en una sociedad que cada vez se percata más de la importancia de tener información adecuada para tomar decisiones, pero la legislación mexicana específicamente ordena a los comerciantes ocultar la información sobre el impuesto que está pagando el consumidor al hacer la compra de un producto o de un servicio.
Hubo un tiempo en que las cosas eran diferentes. A principios de los años noventa, cuando se redujo el IVA del 15 al 10 por ciento en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (Pedro Aspe era secretario de Hacienda y Francisco Gil Díaz subsecretario de Ingresos), se estableció la regla de que las facturas y recibos debían separar el impuesto del precio del producto. Se reconocía así la necesidad y justicia de una real transparencia. El consumidor tenía derecho a saber cuánto estaba pagando por un producto y servicio y cuánto estaba aportando al Estado por la vía fiscal. De hecho, este argumento se incluyó en las consideraciones previas a la modificación de la Ley del IVA de aquel entonces.
Sin embargo, en 1995, durante la presidencia de Ernesto Zedillo (el secretario de Hacienda era Guillermo Ortiz), cuando se tomó la decisión de regresar el IVA al 15 por ciento, se dio marcha atrás en la transparencia de los precios. El Congreso, a instancias del Gobierno de la República, prohibió específicamente a las empresas que le desglosaran el IVA al consumidor. Y debido a que aquellos consumidores que necesitaran trasladar el IVA requerían necesariamente esa información, se estableció un engorroso procedimiento burocrático por medio del cual el comprador debía acreditar su personalidad con una copia de su Registro Federal de Causantes antes de que se le pudiera desglosar el IVA en una factura.
Esta decisión tenía claramente la intención de reducir la ira política en contra del gobierno y del PRI que generó el alza en la tasa general de IVA en 1995. Al ocultar el impuesto, se buscaba que los comerciantes y proveedores de servicios fueran identificados como los culpables de las inevitables alzas en los precios de los productos y servicios finales. El gobierno y el PRI trataron de lavarse las manos ante la impopular alza del IVA.
Hoy, sin embargo, los tiempos son otros. El PRI ya no es el partido monolítico al que se le pueda culpar por todos los males del país. El Gobierno ha surgido de un partido de oposición, un partido que votó en 1995 en contra del alza del IVA y del ocultamiento del impuesto. De hecho, hay un reconocimiento creciente entre los políticos, por lo menos de dientes para fuera, de que no se le puede seguir ocultando a la población aquella información gubernamental que necesita para sus decisiones fundamentales. Tanto es así que la Ley de Acceso a la Información, aprobada unánimemente en el Congreso, es señalada por políticos de todos los partidos como uno de los grandes logros del actual sexenio.
Los consumidores necesitamos transparencia. Por eso el IVA debe quedar claramente separado en todos los anuncios comerciales que incluyan el precio y en todos los recibos y facturas que emitan los comerciantes y los proveedores de servicios. Pero esta transparencia no debe quedar nada más en el IVA. El consumidor tiene derecho a saber en todos los casos cuánto está pagando por un producto y cuánto por un impuesto.
En el caso de la adquisición de vehículos, por ejemplo, el Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Nuevos (ISAN) debe quedar también claramente señalado. En las bebidas alcohólicas también el IVA y el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios deben transparentarse.
¿Que mucha gente se va a asombrar cuando se dé cuenta de lo que realmente está pagando? Sin duda. Me pregunto qué pensará un consumidor cuando se percate de que el 65 por ciento o más del precio que paga por una botella de bebida alcohólica es impuesto. Quizá se moleste. Pero si la autoridad quiere cobrar impuestos, tiene que asumir las consecuencias de sus decisiones y no ocultarse detrás del comerciante.
Decisiones
Si el Gobierno no ocultara los impuestos que cobra, los gobernados estarían más dispuestos a buscar un sistema fiscal más sencillo y con tasas más razonables. La gente suele ser sensata en sus decisiones económicas. Pero para ello necesita tener la información adecuada.
Corre electrónico: sergiosarmiento@todito.com