TORREÓN, COAH.- Una sociedad que pretende encontrar la solución al problema de inseguridad, bajo un sistema de justicia penal viciado, está en decadencia porque todo el engranaje social no funciona; declaró el abogado penalista, Alejandro López Hernández.
La Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), se contradice, pues reconoce que en Torreón se ventila el 42 por ciento de la carga laboral de la entidad y a pesar de ello, la delegación Laguna es la más olvidada en cuanto a infraestructura y equipo. Saltillo está por recibir un palacete y lo mismo se observa en San Pedro y aquí no tienen ni para revelar los rollos del servicio pericial.
Abundó que a nivel local se utilizan en promedio 60 rollos por semana en todos los servicios periciales, en delitos como robos, accidentes de tránsito, homicidios y otros hechos violentos, pero debido a la falta de recursos, estos rollos se tienen que enviar a Saltillo para que allá los revelen.
En ocasiones, los rollos que deben ser regresados a Torreón, son enviados por error de la ciudad capital a otros municipios como Monclova y San Pedro, como ha ocurrido y esto representa tardanza en las averiguaciones. A nivel local no tienen ni siquiera tintas para las impresoras.
El ex delegado de la Procuraduría, se refirió al programa de modernización anunciado por funcionarios de la dependencia el pasado martes, mediante el cual se pretende atender el problema de inseguridad que padecen los laguneros y reconoció que es positivo, pero primero lo que se debe hacer es dignificar la delegación Laguna.
Destacó como ejemplo la serie de actos de corrupción en los que han incurrido hasta funcionarios de la PGJE, delitos a los que no se les dio seguimiento, como los policías que andaban ebrios disparando en la vía pública o bien la nula investigación de un ex supervisor de la dependencia, además de la protección a ciertos vendedores de vinos y licores.
El estudioso del Derecho Penal, lamentó que en nuestra entidad todo se pretenda atender modificando las leyes; hacen leyes más severas y creen que con el hecho de incluir estas penalidades en los documentos, se terminará la inseguridad sin tomar en cuenta la operatividad de estas variantes que inician en el Ministerio Público donde son comunes las malas integraciones de las averiguaciones y dilación del trabajo.
El problema continúa con algunos jueces penales que no castigan y por el contrario dejan en libertad hasta a los homicidas argumentando en muchas ocasiones deficiencias en el trabajo del agente investigador.
La cadena de fallas continúa en la Dirección de Prevención y Readaptación Social, pues hay casos en que a la persona se le dicta una sentencia de diez años, pero a los pocos meses de haberse dictado la pena, el delincuente ya anda libre.
La dependencia estatal podrá tener programas muy eficientes para procurar la justicia, sin embargo mientras el sistema penal se mantenga viciado difícilmente se podrá aspirar al Estado de Derecho que todos anhelan, concluyó.
Engranaje social
Alejandro López Hernández, abogado penalista, sostiene que el problema de inseguridad que padece la región inicia en el seno familiar. Las cifras de violencia intrafamiliar se han disparado exageradamente, debido al descuido de los padres hacia los hijos quienes ante la ausencia del orientador, son educados por la televisión.
La escuela se convierte en la segunda casa del niño o el jovencito y si se toma en cuenta el servicio educativo que ofrece la Secretaría de Educación Pública (SEP), el problema social fuera de la familia persiste. La formación del individuo –en su mayoría—, no es positiva.
Al observar la situación en los distintos campos de la sociedad: campesino, político, cultural y otros, se concluye que el engranaje social no está funcionando.
Pretender afrontar la inseguridad con un sistema de procuración de justicia penal viciado, significa demagogia.