POR MARÍA ELENA HOLGUÍN
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- La propuesta fiscal del Poder Ejecutivo es cuestionable en todos sus aspectos, sobre todo si se consideran los propósitos a que está encaminada: seguir canalizando recursos al rescate bancario y al abono de la deuda externa.
Lerins Varela Castro, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, señala que desde luego, la aprobación de la iniciativa afectaría al grueso de los mexicanos, de tal forma que se deben plantear otras salidas.
Al igual que los dos últimos años, se insiste en gravar medicinas y alimentos, a la vez que los representantes de los partidos políticos en el Congreso han prometido que evitarán la desaparición de la tasa cero.
Aunque se hace referencia a una reducción del Impuesto al Valor Agregado de un 15 a un diez por ciento, es una disminución simulada tomando en cuenta que a la vez se están otorgando facultades a los gobiernos estatales para que apliquen un dos por ciento.
A diferencia de los años anteriores, en esta ocasión la reforma fiscal será sometida al escrutinio electoral y los partidos políticos tendrán que considerar que cualquier decisión que tomen, influirá en el ánimo del electorado para el 2006.
Como una alternativa para obtener recursos, el Gobierno Federal pondrá a la venta nueve empresas paraestatales a partir del próximo año, después que se han perdido otras de mayor importancia y tomando en cuenta que no hay las condiciones para desincorporar las de más peso, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
A consideración de Lerins Varela, debe recurrirse a otras salidas distintas al deterioro de la economía de los mexicanos, como dejar de privilegiar fiscalmente a quienes más tienen; eliminar los enormes beneficios que se otorgan a empresas por el sólo hecho de instalarse en el país en lugar de estar considerando la idea de aplicar impuestos a la economía informal, la cual no se refleja en los índices del Producto Interno Bruto.
Hizo notar que de 1995 a la fecha, la población asalariada ha visto mermado su poder adquisitivo en forma alarmante y con modificaciones como las que se proponen no existe ninguna garantía de que los recursos que se recauden vía impuestos y contribuciones se devolverán a la población en becas y programas sociales.
La realidad, considera el investigador, es que hasta ahora los programas de gobierno encaminados a la ayuda social no llegan a quienes realmente los necesitan, pues se considera que sólo cinco millones del total de 60 millones de pobres en el país –40 de éstos en extrema pobreza- acceden a los beneficios.