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MÉXICO, DF.- Aunque se finquen responsabilidades a las autoridades municipales y a los comerciantes que de manera imprudencial provocaron el percance en Veracruz en el que murieron 30 personas, estas podrían salir bajo fianza porque las penas que se les imputarían no superarían los cinco años de prisión, sostuvo José Elías Romero Apis, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
El legislador del PRI anunció que será este mes cuando la comisión que preside dictamine finalmente la iniciativa de ley para la fabricación y comercialización de juegos pirotécnicos a fin de que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 15 de marzo, sea llevada al pleno.
Romero Apis (PRI) explicó que la pirotecnia actualmente está regida por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y son las autoridades militares las responsables de vigilar su aplicación, sin embargo, los municipios son los que tendrán que hacerse responsables de esta tarea.
El diputado del PRI explicó que también la Secretaría de Economía tendrá que participar en la vigilancia y en la expedición de licencias para comercios que pongan a la venta este tipo de artefactos y se tendrá que revisar y normar los sitios en donde se fabrican.
“El cambio en la ley que está por ser dictaminada en la Comisión de Justicia es que el manejo y control de la pirotecnia pase al control de las entidades, de los gobiernos locales y municipales. Se trata de participe también la Secretaría de Economía, puesto que se trata de una actividad comercial”, indicó.
El legislador señaló que la fabricación de estos productos debe ser considerada como peligrosa y, por ello, estar sujeto a las normas que ser aplican para el manejo de sustancias de ese tipo.
Lo que requiere es un tratamiento como producto peligroso, sujeto a reglas de manejo, de control, de regulación, de verificación, de registro y no como un producto clandestino, sino con una norma especial. Lo clandestino no se registra, no paga impuestos, no hay sanciones, disfruta de todos los beneficios y de ninguno de los perjuicios.
Añadió que dentro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se están dando los consensos necesarios por lo que el dictamen a presentarse en la tribuna de este órgano podría hacerse por unanimidad.
“Es indignante e inadmisible que estos depósitos, estas fábricas clandestinas lleguen a estar en mercados municipales, en establecimientos del orden municipal que eso ya de suyo genera una consecuencia jurídica muy grave para el ayuntamiento, lo que la ley llama la responsabilidad objetiva, que es la obligación del ayuntamiento de indemnizar a los deudos de los muertos, a los heridos y proceder a su rehabilitación y los daños materiales también que se hayan causado”.
El abogado indicó que, al igual a los hechos ocurridos en Celaya en 1999, el ayuntamiento es el responsable de los daños ocasionados aunque hayan ocurrido de manera imprudencial porque este es el encargado de la verificación de los mercados.
Descartó que la PGR tenga alguna responsabilidad a pesar de que hubo una denuncia por parte del municipio de Veracruz porque, concluyó, “ella no es la encargada del registro de los explosivos, ni esta tiene mercados”.