SALTILLO, Coah.- La Contraloría del Estado dio por terminadas las investigaciones sobre las irregularidades detectadas en el transporte público de Torreón. Ayer, la contralora Inés Garza Orta, se reunió con personal de Urbanismo y Obras Públicas del ayuntamiento de la ciudad lagunera, para analizar los primeros resultados, y conforme a los mismos podría haber sanciones para algunos funcionarios públicos.
“Permítanme terminar y ver si hay o no daños en contra del erario público. Lo que si hay es falsedad en los documentos entregados por los concesionarios del transporte a la delegación de Comunicaciones y Transportes, que se declararon para justificar la propiedad y antigüedad de los vehículos, entre otras cosas”, expresó desesperada, aunque amable, Garza Orta ante la insistencia de EL SIGLO por conocer los resultados concretos de la investigación.
Dijo que la próxima semana convocará a una reunión a las dependencias e instancias que tienen competencia en este caso, como la Secretaría de Finanzas, Obras Públicas, funcionarios del ayuntamiento de Torreón y a la propia Contraloría estatal.
Garza Orta, no descartó “probables sanciones” para funcionarios involucrados en las presuntas irregularidades, aunque no aclaró si se trata de empleados municipales o estatales, o de ambas instancias.
Sostuvo que no hay duda sobre las irregularidades detectadas, porque la ley es muy clara en cuanto a los requisitos para prestar el servicio de transporte, como comprobar que los vehículos no tengan más de 10 años de antigüedad, que cuenten con seguro de vida y otros que son importantes, “pero que no fueron cumplidos por algunos concesionarios