16 de diciembre de 2003.
BUENOS AIRES, (AP) .- El antiguo correligionario que acusa a Fernando de la Rúa de haber participado en el soborno de varios senadores cuando era presidente, entregó el martes a la justicia documentos que corroborarían sus denuncias.
Antes de recibir ese papel, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso el lunes la prohibición de salir del país a los mencionados en la denuncia: De la Rúa, dos de sus ex colaboradores y una docena de ex senadores.
Los sobornos, por unos cinco millones de dólares que habrían provenido de fondos secretos del servicio estatal de inteligencia, se destinaron presuntamente a hacer aprobar en el Senado una controversial ley laboral.
La ley, impulsada por el gobierno de De la Rúa, estaba bloqueada por la mayoría peronista del Senado. Los sobornos aparentemente destrabaron esa resistencia y hubo aprobación, en abril de 2000.
El abogado de Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario del Senado, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR) de De la Rúa, que denunció los sobornos y admitió haber participado en su distribución, se presentó temprano en el juzgado federal y puso en manos del magistrado un papel con timbre del Senado nacional, según declaró a la prensa.
El abogado Hugo Wortman Yofre agregó que impreso por una computadora, figuran los apodos o nombres de pila de una docena de ex senadores, y el monto del soborno entregado.
Pontaquarto dijo en su denuncia que el papel le fue entregado por el ex senador peronista Emilio Cantarero, cuando él puso en manos del legislador, según lo convenido, los millones de dólares en efectivo, que estaban dentro de bolsos.
Según Pontaquarto, De la Rúa, en una reunión en la Casa de Gobierno de la que él participó, junto con algunos senadores peronistas y radicales, al ser informado que los legisladores pedían "algo más", para votar la ley, les indicó que se entendieran con su jefe de inteligencia, Fernando de Santibañes.
La existencia de sobornos había sido denunciada en 2000 por el vicepresidente Carlos Alvarez, quien finalmente renunció el 6 de octubre de ese año, acusando a De la Rúa de encubrir esos pagos ilegales.
La justicia federal inició entonces una investigación, pero la archivó ante la falta de evidencias.
De la Rúa, si bien admitió que pudieron haber habido sobornos, negó indignado haber tenido conocimiento de su existencia. Y dijo que sospechaba una maniobra política para desprestigiarlo, alentada por el gobierno del presidente Néstor Kirchner y por Alvarez.
"Es una versión mentirosa del señor Portaquarto. No existió tal reunión. Estoy indignado que se atribuya a mi gobierno, a mi persona, estar involucrados en estos hechos", sostuvo De la Rúa.