En lo que va de la actual administración estatal, han sido dados de baja 167 elementos de la Policía Ministerial, sobre quienes pesaron sospechas de incurrir en irregularidades o a quienes de plano se les perdió la confianza por alguna acción y omisión cometida, dijo el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier.
Antes de presidir la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el mandatario local manifestó que se requiere una estrecha vigilancia entre todas las corporaciones policiacas y el ejército.
Lo anterior, con el propósito de que la lucha contra los principales problemas de inseguridad y delincuencia de Durango, como el narcotráfico, el narcomenudeo y los delitos patrimoniales sea más efectiva.
Guerrero Mier habló de la urgencia de implementar una vigilancia más fuerte en diversas zonas de la ciudad y en todo el estado, pero principalmente en los municipios que mayores problemas de inseguridad pública reflejan en la actualidad.
Entre las municipalidades que tienen más alto índice de delincuencia, además de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, incluyó a Santiago Papasquiaro, Tamazula, Otáez, Canelas, Topia, Canatlán y Guadalupe Victoria.
Una de las preocupaciones que dijo presentaría en la reunión del Consejo de Seguridad Pública giró en torno a la producción y el tráfico de enervantes en Durango, donde consideró que hacen falta más acciones de todas las corporaciones.
En la entrevista, Guerrero Mier remarcó que las tareas de prevención de los delitos deben retomar la importancia que deben tener originalmente, dado que es precisamente esa labor la que está reclamando la sociedad duranguense. De ahí que trasladó a las policías municipales ese trabajo preventivo de los delitos.
Maquiladora
Al terminar el encuentro improvisado con los medios de comunicación, el Gobernador se trasladó a la reunión con los titulares de las instituciones de seguridad pública en Durango.
En el camino lo encaró una comisión de representantes de los trabajadores de la maquila Kentucky Lajat, ubicada en Cuencamé, quienes le indicaron que la situación es crítica pues el dueño de la factoría no les quiere pagar lo justo y, además, está valiéndose de la Policía Ministerial para reprimirlos. El dato se lo confirmó a Guerrero el ex alcalde de ese municipio, Salvador Herrera.
“Eso está mal, no debe estar ocurriendo. Vamos a ver qué sucede, porque nada tiene qué ver la Policía Ministerial. Por otro lado, hablaré nuevamente con el empresario de la maquila para analizar la situación laboral”, les dijo el Gobernador a los trabajadores.