Los expertos en política señalan que la democracia va mucho más allá del respeto al voto y de la equidad de los partidos en tiempos electorales.
La democracia, sostienen, es un estilo de vida, es una forma de convivencia en donde la tolerancia y la aceptación del derecho de los demás es lo más importante.
Viene a cuento lo anterior porque todavía en México desdeñamos la opinión de los ciudadanos, comúnmente los más débiles, a cambio de favorecer a los poderosos sean gobernantes, empresarios o líderes de organizaciones sindicales, campesinas y privadas.
En Baja California se puso de moda en los últimos años invertir en plantas eléctricas e infraestructura de energía para satisfacer la demanda del gran mercado de Estados Unidos, en especial California.
Se construyeron dos gasoductos y dos plantas de electricidad, en su mayoría de capital extranjero, que trabajarán con gas natural y que fueron levantadas a unos cuantos kilómetros de Mexicali, junto al poblado La Rosita.
Las inversiones fueron multimillonarias y aunque la generación de mano de obra y los beneficios económicos para la comunidad fueron secundarios, la población aceptó de buena gana estos proyectos porque con su alta tecnología vendrán a reemplazar a las obsoletas e ineficientes plantas de la Comisión Federal de Electricidad.
Pero da la casualidad de que en California hay grupos que alegan que las plantas son contaminantes y que esparcirán sus efectos negativos sobre el Valle Imperial, una zona agrícola contigua al Valle de Mexicali.
Fue suficiente que ciudadanos inconformes por la operación de las plantas presentara una demanda legal ante una Corte de San Diego para que el juez dictara un amparo provisional que suspende la operación de las mismas para realizar una investigación profunda y acuciosa.
Desgraciadamente ni las leyes ni el incipiente sistema democrático trabaja por igual en el lado mexicano.
En las costas de Baja California se han desarrollado cinco proyectos para instalar plantas regasificadoras con inversión extranjera como parte de este “boom” de convertir a esta entidad en la principal proveedora de energía para California.
Como es conocido el gas natural es el energético más barato y de más fácil manejo para el sector industrial y también el doméstico. De ahí la idea de instalar estas súper plantas que surtirán grandes cantidades de gas a California y a empresas de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
Alan Greenspan, el poderoso titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, advirtió en días pasados que la escasez de gas natural complicaría la recuperación de la economía norteamericana. Con sus palabras avaló estos proyectos y la versión de que el gas licuado reduce hasta en un 20 por ciento el costo de la energía.
Los proyectos están encabezados por las empresas Marathon Oil, Chevron-Texaco, Sempra Energy, Royal Dutch-Shell; y Phillips Petroleum asociada con El Paso Corporation.
A esta última se le negó el permiso para construir su planta en Rosarito mientras que ya fueron autorizados permisos federales a Sempra Energy y a Shell para sendas plantas al Norte de Ensenada y a Marathon Oil en una zona cercana a Playas de Tijuana.
A pesar de la oposición de los vecinos de Playas, del Alcalde de Tijuana y del Gobernador de Baja California, la Comisión Reguladora de Energía que encabeza Dionisio Pérez Jácome aprobó el pasado ocho de mayo el proyecto de Marathon Oil.
Insensible y parco, el funcionario federal dijo que los vecinos están desinformados y que la empresa cumplió con todos los requisitos tras una investigación de ocho meses.
De no ocurrir otra cosa, los vecinos de Playas que tienen cinco, diez o veinte años de habitar felizmente en esa apacible zona de la costa de Tijuana, convivirán con una gigantesca planta gasera que recibirá semana tras semana buques cargados con gas licuado en lo que representará una amenaza constante a la ecología y la seguridad de esa zona.
En otros países democráticos basta la simple opinión de los vecinos para que una inversión de esa naturaleza se vaya con toda su música y sus beneficios a otra parte. ¿Qué los riesgos son mínimos y calculados? Habría que preguntarles a los vecinos de Rosarito cómo les ha ido con la planta termoeléctrica de la CFE que durante años ha producido contaminación y explosiones.
Obvia decir que estas plantas se construyen en México no por la mano de obra barata ni porque el clima es más benigno, sino sencillamente porque en California no son autorizados por las leyes ambientales existentes.
Entonces, ¿están desinformados los vecinos de Playas o hay intereses oscuros y más poderosos para autorizar estas plantas desde la ciudad de México? Quizás los de Playas deban acudir a un juez de California en donde posiblemente serán mejor escuchados.
El autor es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con maestría en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de San Diego. Comentarios a josahealy@hotmail.com