Poco es el trabajo que efectúa la Policía Ministerial para atacar la venta clandestina de bebidas embriagantes en la capital del estado. Según el jefe de la corporación, Eulalio Aldama Enríquez, la mayor parte del trabajo le corresponde a los inspectores municipales.
Dicha actividad ilegal, que durante muchos años ha permanecido en la ciudad de Durango, se combate por la Coordinación Municipal de Inspectores, pero al ser un ilícito la investigación también es facultad y obligación de la Procuraduría General de Justicia.
Aldama Enríquez señaló que la venta clandestina de bebidas embriagantes está tipificada como un delito en el código penal; por ello consideró que debe existir una coordinación muy estrecha entre los agentes del Ministerio Público y el Municipio, a través de los inspectores, quienes se encargan de revisar que los establecimientos que venden alcohol respeten las normas.
“Son ellos quienes deben denunciar las anomalías al agente del Ministerio Público para que se integre la averiguación respectiva y de consignarla a la autoridad”, declaró el jefe policiaco con respecto de los verificadores municipales.
Explicó que la Policía Ministerial se encarga de capturar a los involucrados, a través de la cumplimentación de las órdenes de aprehensión emitidas por el juez, pero en su caso también podrían actuar en flagrancia. Si los elementos conocen un delito de dicha índole o lo descubren en el momento se tiene la obligación de actuar y hacerlo de su conocimiento al agente del Ministerio Público.
La institución policíaca no cuenta con operativos especiales para combatir este delito, ya que según lo informado por Eulalio Aldama, los inspectores son quienes deben hacer las revisiones y levantar las actas correspondientes al encontrar anomalías.
“Es una responsabilidad compartida; es cierto que es un delito, pero existen autoridades que se encargan de reglamentarlas”, puntualizó.