El Frente Pro Derechos Humanos exige un subsidio oficial, similar al trato que reciben decenas de organizaciones sociales
Un grupo de seis integrantes de la bancada edilicia del Partido Revolucionario Institucional decretaron improcedente e infundada la denuncia ciudadana formulada por el presidente estatal del autodenominado Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Víctor Manuel Segovia González contra el alcalde José Aispuro Torres por presunta usurpación de atribuciones y violación de los derechos humanos en agravio de la organización en cuestión.
El documento de improcedencia firmado por el síndico Ricardo López Pescador y los regidores José Antonio Ramírez Guzmán, Fortunata Hernández Rivas, Rosauro Meza, Valente Palomares Delfín y Eduardo León de la Peña, fue turnado al pleno del Cabildo, donde se dio por aprobado el resolutivo que rechazó a la queja presentada.
ANTECEDENTES
El antecedente de esta controversia se remota al 11 de marzo del 2002, cuando el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo que posteriormente fue otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito bajo el expediente 253/2002, donde se requería al Alcalde los actos reclamados, es decir información de los subsidios a organizaciones sociales y la razón de la negativa para brindar prerrogativas a la susodicha agrupación.
Luego, el 26 de julio del 2002, el mismo Juzgado Segundo de Distrito, se refrendó el amparo que traía rescoldos de peticiones insatisfechas de subsidios desde octubre de 1999.
Según lo documentos disponibles por esta redacción, mediante un acuerdo del 14 de noviembre del 2002, emitido por el Presidente Municipal, el secretario del Ayuntamiento, José Luis Cisneros Pérez fue instruido para dar respuestas a las peticiones hechas por Segovia González ante la judicatura segunda.
Y para el 31 de enero del este año, la instancia jurídica que tomó este caso, advirtió que el quejoso no se inconformó con la cumplimentación dada por la representación legal del Ayuntamiento, correspondiente al juicio de amparo del 26 de julio del 2002.
DEFENSA
Tras este recuento de hechos, el coordinador de los regidores del Partido Revolucionario Institucional, José Antonio Ramírez Guzmán, sostuvo que el Ayuntamiento no emitió ningún informe falso al Poder Judicial de la Federación, pues la negativa a los actos reclamados (apoyos económicos), fue razonada, además de que se subsanó la violación al derecho de petición.
Adicionalmente manifestó que no hubo ninguna violación a los derechos humanos como lo denunció el líder del Frente de Pro Derechos Humanos, dado que siempre se ha mostrado disposición para conceder audiencias y reuniones de trabajo.
Reclama subsidio
Aunque se decretó improcedente la denuncia contra el Alcalde, el dirigente del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Víctor Segovia González advirtió que continuará con los recursos legales ante las instancias judiciales, con la finalidad de que se le asigne un subsidio oficial como lo reciben decenas de organizaciones en la Presidencia Municipal y el Gobierno del Estado.
El Alcalde dijo que no era responsable de los apoyos a las agrupaciones sociales, sin embargo, en la cuenta anual del 2002, se constató un ejercicio del orden de los 16 millones de pesos, apuntó el quejoso, mientras que en el primer trimestre la “tendencia de apoyo” no se ha modificado, agregó.
“No tenemos un monto definido, sólo queremos una prerrogativa que permita el mantenimiento de una oficina, los gastos de servicios básicos y la remuneración para un secretaria”, comentó Segovia González.
Tras este acuerdo de Cabildo, lo justo es que la Presidencia Municipal revele “quiénes reciben apoyo y los montos económicos que se asignen”, enfatizó, para revelar que desde junio del 2003, con el expediente 596/2003 ante el Juzgado III de Distrito, se abrió un nuevo juicio de amparo.