TORREÓN, COAH.- Por encontrarse fallas en los montos de cotización, fue declarada desierta la licitación para la compra e instalación del sistema de control y seguridad vial en la que el Municipio invertiría alrededor de 25 millones de pesos. A más tardar en quince días se lanzará una nueva convocatoria nacional y podrán participar incluso las empresas descalificadas en principio.
Las empresas que ayer recibieron el fallo jurídico en la Dirección de Servicios Administrativos, fueron Tradeco Infraestructura de México y Señales y Semáforos Electrónicos de Monterrey, Nuevo León y con ellas no hubo problemas técnicos, tampoco falta de solvencia financiera, “sólo que alteraron los volúmenes de las bases del concurso a la hora de presupuestar el costo y la cantidad de equipos”, según el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga.
Negó que esta decisión haya sido respuesta a presiones de las cuatro empresas que se inconforma-ron el pasado fin de semana, ya que “las decisiones que se tomaron fueron en apego a la Ley”.
Al ser declarada desierta la licitación DIT-001/03, significa que se repone el proceso y habrá una nueva convocatoria a nivel nacional, pero lo más probable es que serán cambiadas las reglas del juego.
Lo anterior significa que podría implementarse un sistema de licitación que ya se realiza dentro del Gobierno Federal conocido legalmente como “Llave en Mano” que evita muchos problemas y se sugiere que no se formulen bases específicas, se dé una oportunidad abierta a las empresas constructoras para que cada quien haga el trabajo que el Municipio necesita con los equipos y montos de inversión que se fijen. Las empresas hacen su inversión y hasta que entregan todo trabajando y a gusto y satisfacción del Municipio, éste paga lo correspondiente.
De esta forma, según Berlanga Gotés, con toda libertad el Municipio escoge no al más barato o al más caro sino al que se ajusta a las necesidades de servicio que se buscan.
Este tipo de licitaciones ya se realizan en otras partes del país y con buenos resultados, dijo el director de Obras Públicas.
La defensa
El director de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, se defiende. Declaró que no existe ninguna ilegalidad dentro de su función pública y su papel como empresario de la construcción, “no violo ninguna Ley y en todo caso quienes me acusan y de lo que me acusan, tienen la obligación de probarlo”.
Tras asegurar que lo único que le causan es descrédito a su imagen y a su empresa constructora, que es un negocio familiar que ahora tiene al frente a su hermano José Jiménez Saracho, admitió que efectivamente fue Director Responsable de Obra (DRO), cuando se hizo el trámite para las licencias de las dos empresas mencionadas fue el año pasado y se entregaron en este 2003 y las aprobó la Dirección de Obras Públicas como a cualquier otra empresa”.
No tiene nada de malo, no es contra ninguna Ley y la empresa familiar está en todo su derecho de hacer negocios particulares que a nadie afectan, ¿o sí ?, preguntó.
Luego enfila sus comentarios al hablar de que son muy a la ligera los argumentos de la regidora, Consuelo Rivas, se refirió al daño moral que se le causa y habló de que no está dispuesto a pagar ninguna factura porque la función pública no garantiza ningún sacrificio.
Aseguró que no está en la Dirección de Desarrollo Urbano para hacer negocios y que el año pasado, los contratos y trámites que hizo como constructor, estaban muy alejados de lo que ocurriría posteriormente cuando fue invitado a participar en la administración de Guillermo Anaya.
Para Jiménez Saracho, “es mejor tener como funcionarios a empresarios solventes, con empresas serias, sólidas, en vez de gente que por necesidad económica u otras perspectivas, se va por otros lados e intereses”.