La marcha en demanda de justicia que hicieron algunos ciudadanos, exigiendo que se aclare y resuelva el homicidio de una sexoservidora que fue asesinada el mes pasado en nuestra ciudad, debe ser atendida. Según versión de los reclamantes, la occisa habría sido ultimada en ocasión del oficio que desempeñaba e incluso, señalan a un individuo que presuntamente la regenteaba como principal sospechoso.
El planteamiento tiene dos vertientes distintas; la primera como crimen que se comete en función de una estructura perversa de control, servidumbre y explotación, respecto de una desventurada mujer que es presa del vicio. En ese sentido la prostitución que suele verse sin mayor asombro, se erige como un fenómeno denigrante y peligroso, cuyos efectos deben ser prevenidos.
La segunda vertiente pone de manifiesto la ineptitud de la Procuraduría de Justicia de Coahuila, en cuanto al desempeño de la tarea investigadora de los delitos que son a su cargo y en particular, en el rubro de homicidios. El caso de esta mujer, viene a sumarse a una larga secuencia de impunidad como en el caso del niño Carlos Muñoz, del Padre Nacho, de la familia Ruelas, el más reciente de Enrique Casillas, etcétera.
Lo más lamentable es que la dependencia ha caído de un desatino a otro, en resultados en los que pareciera que fuera mayor el empeño por fabricar culpables, que el de encontrar a los verdaderos responsables. El gobierno de Enrique Martínez está obligado a dar una respuesta institucional a la impunidad, que es el resultado de una incapacidad radical, para acometer la tarea de procuración de justicia en Coahuila.