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MÉXICO, DF.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) rechazó la propuesta de financiar el desarrollo eléctrico con recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
En el documento Punto de Vista aseveró que esa medida no garantiza la provisión de electricidad en el futuro en condiciones competitivas, ni asegura mayor eficiencia en el manejo de la empresa, ni redunda en menores tarifas al público.
Las tarifas al público, aspecto principal de la reforma, podrían no reducirse sin un aumento significativo en la eficiencia de las empresas que ostentan el monopolio de la distribución y venta, ya sea por la competencia a través de un número mayor de participantes o mediante un mandato expreso.
Sostuvo el organismo privado que capitalizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC) con recursos del SAR, sin contemplar cambios que aseguren un manejo transparente y competitivo de los recursos comprometería el bienestar de los mexicanos. “Prolongaría, además, las ineficiencias, pero sobre todo el futuro de los trabajadores que depositan sus recursos en el SAR”, ya que el esquema actual de inversiones permitidas para los recursos del SAR garantiza rendimientos competitivos al retiro sin necesidad de apoyos fiscales.
Además, podría generar un quebranto para los recursos de los trabajadores. En el mismo documento el Ceesp propuso una renegociación del contrato colectivo y la eliminación de subsidios.
Obligar al SAR a invertir en acciones de la empresa eléctrica sin un cambio significativo en su eficiencia, implicaría forzar a las sociedades de inversión, o a los ahorradores a aceptar un quebranto.
Un quebranto, añadió, porque una acción es aceptable cuando existe un flujo futuro de utilidades. Con pérdidas esperadas, difícilmente se puede pensar siquiera en una colocación.
El organismo agregó que los administradores de los recursos de la CFE y LFC, propiedad de los mexicanos, no enfrentan los incentivos adecuados para instrumentar un proceso de toma de decisiones que aseguren el mejor desempeño de éstas y el beneficio de los usuarios.
La posición privilegiada que tienen las empresas públicas y sus administradores en la provisión de la electricidad es otorgada por el marco regulatorio vigente, lo cual influye para supeditar decisiones económicas a las condiciones políticas.
Sostuvo que entre otras cosas, la aprobación de su presupuesto de operación y su política de tarifas no la define la empresa, los agentes que intervienen en las decisiones relevantes son sus administradores, los legisladores y algunas dependencias del Ejecutivo.
Estos no necesariamente comparten objetivos, situación que sólo podrá cambiar al permitirse una reorganización de todo el sector con nuevos participantes, que obliguen a las empresas a aumentar su eficiencia, dijo.
El Ceesp aseguro que el objetivo de las empresas públicas debería ser, en un ambiente de competencia internacional, proveer electricidad a precios al menos similares a los de nuestros socios comerciales, bajo las mismas condiciones de calidad.
Sin embargo, además de los mayores precios por servicios similares, los frecuentes apagones que enfrenta la planta productiva nacional representan un costo oculto que reduce su competitividad.
Por lo que respecta a las cuestiones de un buen gobierno corporativo, baste decir que no existen miembros del consejo de administración seleccionados en forma independiente, ni existe una ley que obligue a una rendición de cuentas más abierta a este colegiado.
Consideró que entre los problemas que apremian a CFE y LFC, aparte de los elevados costos de operación y su política de tarifas, se encuentran su endeudamiento, lo obsoleto de algunas de sus plantas, la insuficiente inversión en nueva tecnología Capitalizar las empresas bajo estas bases equivaldría a dedicar recursos substanciales a su saneamiento, aparte de la inversión en nueva infraestructura, sin una garantía de que la operación a futuro será mejor.
“Por ello asignar recursos del SAR en la situación actual significa desviar recursos escasos os potenciales más rentable”, declara. Una negociación con el sindicato sobre el contrato colectivo que reduzca costos actuales y futuros, eleve la productividad con acciones concretas, no con reglamentos, es necesaria antes de plantear esquemas de capitalización y autonomía de gestión y financiera. Otra acción concreta es reducir paulatinamente los subsidios hasta eliminarlos, buscando con otras entidades del sector público que se compense a las familias perdedoras con necesidades manifiestas. Condicionado a lo anterior, para hacer frente al pasivo acumulado, es necesario cobrar una cuota fija durante un número determinado de años a cada usuario, hasta que el apalancamiento y las razones financieras de las empresas reflejen su saneamiento.
Esto implica que solamente los usuarios del servicio pagarán por el saneamiento de sus empresas a través de un cobro en sus recibos, y no todos los mexicanos a través del uso indiscriminado de recursos fiscales.
Puntualizó que sin un cambio institucional que modifique los incentivos de operación y lleve a las empresas a ahorrar y competir, los riesgos de caer en una situación similar de falta de recursos en el futuro, o de utilizar cantidades crecientes de fondos del SAR para cubrir faltantes y pasivos laborales no están eliminados.