SALTILLO, Coah.- El Centro Diocesano para los Derechos Humanos, de la Diócesis de Saltillo, demandó ayer las autoridades, como la PGJE y al INM, que construyan un estado de derecho para garantizar la justicia, a quien busca su procuración, debido a que se siguen cometiendo abusos en contra de los migrantes y las trabajadoras de las maquiladoras.
Esto fue manifestado en conferencia de prensa que ofrecieron ayer los sacerdotes del citado Centro, Francisco Javier Rodríguez, y Pedro Pantoja, y el abogado José Luis del Río, todos ellos de la pastoral defensora de los derechos humanos.
Este centro, trabaja desde hace tres años en la defensa de los migrantes del sur del país y de los centroamericanos, que en su paso por Coahuila “peregrinan” hacia los Estados Unidos. Además, los sacerdotes “ombusdman” también se han involucrado en apoyar a las trabajadoras de las maquiladoras delas regiones centro y fronteriza del estado.
Luego de denunciar 6 casos relevantes, un asesinato entre ellos, donde los demandantes consideraron que se violaron los derechos humanos de las víctimas, migrantes y trabajadoras, plantearon cinco demandas concretas.
A la Procuraduría de Justicia del Estado, le pidieron que se aclare el asesinato del migrante hondureño; Ismael de Jesús Martínez Ortiz, a quien unos guardias privados del tren de Transportadora Ferroviaria Mexicana, asesinaron a pedradas en noviembre de 2002, “pero que pese a que los asesinos están confesos, su juicio va muy lento”.
Asimismo, a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de todo el estado (en relación a las trabajadoras de las maquiladoras), “les pedimos que su desempeño sea según lo expresa la ley, en beneficio de las obreras y de todo trabajador que acude ante ustedes en busca de que sean respetados sus derechos laborales, y que no sirvan a intereses particulares”.
También, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que implemente programas más eficaces de apoyo y protección a los migrantes, los que sufren violaciones a sus derechos humanos, y les brinde la información adecuada sobre sus derechos y obligaciones al transitar por el país.
Por último, al Instituto Nacional de Migración (INM) que establezca estaciones migratorias en los lugares más concurridos por los migrantes, para que no estén asegurados en cárceles.
Por otro lado, los sacerdotes explicaron que el Centro Diocesano ha estado trabajando en la defensa de los derechos humanos de los mineros de la Región Carbonífera, de las empleadas de las maquiladoras y de los migrantes nacionales y extranjeros, entre otros grupos.