Por Guillermo Vacio
El Siglo de Torreón
TORREÓN, COAH.- Después de varios meses de venirse solicitando, por fin ayer se reunieron a puerta cerrada en un conocido restaurante de la localidad, los miembros del Consejo de Seguridad Pública encabezados por su presidente, Francisco de Urrutia y Gómez, con el secretario de Gobierno, Raúl Sifuentes Guerrero y el procurador de justicia, Óscar Calderón Sánchez.
En la reunión a la que no se permitió la entrada a los medios de comunicación, se abordaron algunas de las problemáticas más significativas que aquejan a la región, tales como el robo en sus distintas modalidades, el “graffiti”, el abuso contra menores, la corrupción, consumo de bebidas embriagantes y enervantes, el clandestinaje, entre otras.
Lugo de finalizada la reunión, Francisco de Urrutia señaló a El Siglo de Torreón, que se les planteó tanto al Secretario de Gobierno como al Procurador de Justicia, la posibilidad de solicitar al pleno del Congreso del Estado, modificaciones al Código Penal y de Procedimientos Penales, para elevar penalidades y simplificar trámites y así combatir más eficientemente la ola delictiva que se vive actualmente en la Región Lagunera.
Para lo anterior, se acordó que la próxima semana las tres instancias acudirán al Congreso, para entregar personalmente dicha solicitud, la cual esperan tenga buena acogida por parte de los legisladores, quienes finalmente resolverán si se incrementan o no algunas penalidades, así como la posibilidad de eliminar trámites burocráticos que entorpecen la impartición de justicia.
Se acordó también, que en un plazo no mayor de 15 días, se realizará en el área de Matamoros, Coahuila, una encuesta entre la población, donde se solicitará su opinión sobre una eventual derogación de la Ley seca dominical. Esta consulta se extenderá posteriormente a todos los municipios de la región, por lo que se espera que para fines del presente año, se tenga ya un resultado al respecto.
Por otra parte, el procurador de justicia, Óscar Calderón Sánchez, se comprometió a darle seguimiento y sancionar conforme a derecho, todas aquellas denuncias que se interpongan contra personal de la Procuraduría de Justicia, dígase agentes del Ministerio Público, Policía Ministerial o de cualquier otra área que se vean inmiscuidos en hechos delictuosos.
Respecto al caso reciente de un Agente del Ministerio Público del área de recuperación de vehículos, que se le sorprendió utilizando para su servicio personal una camioneta con reporte de robo, el Procurador señaló, que se iniciará una exhaustiva investigación para determinar su probable responsabilidad, aunque dejó entrever que existe una disposición que indica que si después de seis meses de recuperada alguna unidad no es reclamada, la representación social está en posibilidad de subastarla o venderla, aunque éste no es el caso, según se dijo.
Para finalizar, el Procurador de Justicia informó que existen nuevas líneas de investigación sobre el caso del niño Carlos Muñoz Valdés, asesinado el dos de enero de 1999, mismas de las que se esperan resultados favorables en corto plazo.