10 octubre 2003
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- El Ministerio Público Federal adscrito informó sobre una demanda de desacato contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por incumplir una sentencia para indemnizar con mil 800 millones de pesos, a los presuntos dueños del predio Paraje San Juan, en Iztapalapa.
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) considera inexcusable el cumplimiento de dicha autoridad, López Obrador sería separado de su cargo y consignado al juez de distrito que corresponda.
De acuerdo con los señalamientos, este acto de incumplimiento representa una presunta conducta constitutiva de delito de abuso de autoridad.
Sin embargo, la juez octavo de distrito, Gabriela Rolón, se cura en salud al establecer que en caso de que la parte acusada -el jefe de Gobierno- promueva un medio de impugnación contra la sentencia incidental, de inmediato se procedería a suspender todo el procedimiento de solicitar la destitución.
Esta impugnación ya fue anunciada por la consejera jurídica del Gobiero del Distrito Federal, María Estela Ríos, quien informó que interpondrá un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado contra la resolución.
Dijo que la administración capitalina no tiene capacidad financiera para pagar dicho monto y que, para hacerlo, tendría que aplicar severos ajustes presupuestales a programas de gobierno.
El lunes pasado, 6 de octubre, se venció el plazo para que la administración de Andrés Manuel López Obrador pagara al particular Enrique Arciprestre del Abrego la cantidad de mil 800 millones de pesos por la expropiación del predio.
Al respecto, el jefe del Gobierno capitalino aseguró que no temía ser acusado de desacato o ser objeto de un juicio político por desobedecer el fallo judicial.
López Obrador pidió a Mariano Azuela Guitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que integre una comisión especial para investigar posibles irregularidades en el fallo, del cual acusa, hubo tráfico de influencias.
Especificó que la orden de indemnización es a favor de Enrique Arciprestre del Abrego, quien ha sido representado legalmente en el caso por los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Guanajuato y José Antonio Lozano Gracia, ex procurador general de la República.
En una carta dirigida al magistrado, el jefe de Gobierno capitalino pide su intervención, ya que acusa a quienes reclaman esta cantidad de falsificar la firma de un juez, presentar documentos apócrifos y de alterar la abreviatura de metros cuadrados por hectáreas cuadradas, unidad de medida que no existe en el sistema métrico decimal.
El predio en disputa está dividido en 10 mil 302 lotes. Más de 6 mil contratos de compraventa fueron suscritos en el periodo comprendido entre 1900 a 1980 pero, según el gobierno, en ninguno de estos contratos aparece como contratante Arturo Arcipreste, quien reclama la indemnización.