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MÉXICO, DF.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó ayer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de autoridades del Distrito Federal, por no impedir la ocupación ilegal de su edificio sede por parte de maestros disidentes, el 15 de mayo pasado.
El representante legal del organismo sindical, Fernando García Meraz, dijo que hasta el momento no se ha procedido en contra de los responsables, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pese a que de la acción realizada se derivan otros ilícitos.
En entrevista, precisó que los delitos que se habrían cometido serían el de despojo, daño a la propiedad, robo, privación ilegal de la libertad, lesiones y posiblemente, sustracción de documentos del citado organismo.
Señaló que por la ocupación del inmueble se presentó la denuncia FACI/5DTIII/953/03-05, sin embargo, a 12 días de registrarse el incidente, el edificio ubicado en la calle de Venezuela 44 y 38 continúa en poder de los integrantes de la CNTE, sin que se integre debidamente la averiguación previa.
En su oportunidad, el también abogado del SNTE, Crisanto Aguirre, criticó que el jefe de Gobierno capitalino, Manuel López Obrador no haya instruido al procurador de la ciudad, Bernardo Batiz, para que acelere el proceso judicial por la toma violenta de las oficinas de esa agrupación sindical.
Refirió que las inspecciones oculares que se han llevado a cabo hasta el momento han sido a 100 metros de las instalaciones, lo cual revela que ni siquiera se ha cumplido cabalmente con la ley, subrayó.
El abogado destacó que hasta el momento se han aportado a la autoridad judicial más de 40 nombres de las personas quienes mantienen en su poder los edificios, l5 de las cuales están sujetas a proceso judicial en la ciudad de Morelia, Michoacán, y como ejemplo mencionó a Sergio Espinal García.
Finalmente, los litigantes indicaron que esperarán el dictamen de la CNDH y manifestaron su confianza en que este será positivo para la organización sindical, pues consideraron que es claro que existe flagrancia en el delito de despojo, entre otros ilícitos.