Diecisiete averiguaciones previas turnadas por el Ministerio Público en contra de presuntos vendedores clandestinos de bebidas con contenido alcohólico quedaron a disposición de los juzgados penales, lo que podría arrojar la liberación de igual número de órdenes de aprehensión, según lo reveló el titular del Juzgado Municipal Administrativo, Ernesto Aguilar García.
Sin embargo, precisó que todavía hay por lo menos entre 30 y 50 denuncias por la venta clandestina de embriagantes que están en proceso de integración de la averiguación previa.
Dijo que en el transcurso de la presente administración municipal han sido liberadas y ejecutadas al menos siete ordenes de aprehensión contra igual número de propietarios de ventanas clandestinas, que fueron descubiertas en operativos instrumentados por la Coordinación de Inspectores Municipales.
Aguilar García destacó que con la Ley de Expendio de Bebidas Embriagantes en el Estado de Durango, aprobada este año por el Congreso del Estado, se propiciarán condiciones legales más objetivas y concretas para atacar los problemas de ilícitos en la comercialización de etílicos en el municipio.
NO HAY NOTIFICACIÓN DE CONTRALORÍA
Por otra parte, el juez capitalino sostuvo que hasta el momento no ha sido notificado de los resolutivos que arrojaron la investigación que emprendió la Contraloría Municipal; sin embargo, acotó que acatará los ordenamientos y las recomendaciones que se formulen.
“Sólo espero la comunicación oficial, aunque ya me enteré de las observaciones y fallas que detectó la Contraloría Municipal, a través de El Siglo”, enfatizó el funcionario ayer durante una entrevista con este matutino.
Reconoció que, efectivamente, hay falta de coordinación con el Departamento de Inspectores Municipales y la Dirección Municipal de Seguridad Pública, pero esta deficiencia se puede subsanar una vez que haya un acuerdo entre los organismos en cuestión, asentó.
Sobre las presuntas fallas por dilación en la calificación de actas de infracción, destacó que hay situaciones de tipo legal que impiden dar agilidad a este tipo de procedimientos; además, rechazó que el Juzgado Administrativo Municipal evada los conflictos con las personas o negociaciones que son detectadas infringiendo los reglamentos.