El juez tercero de Distrito, Francisco Miguel Padilla Gómez, ha sido denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal por cometer presuntas irregularidades al cambiar de opinión, sin sustento legal, sobre la sentencia de amparo que obliga al gobierno estatal a entregar la ex hacienda de La Ferrería con los bienes muebles e inmuebles, al determinar que el denunciado sólo está obligado a entregar el edificio.
Jesús Edgardo Guillén Reyes, representante legal de la familia Mertins y del Banco Nacional de México, Banamex Accival, División Fiduciaria, informó que a principios de este mes se realizó una queja-denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal, al establecer por su despacho que esta autoridad judicial incurrió en anomalías y parcialidades.
Mostró el documento (copias) que obra en poder de El Siglo de Durango, sobre el recurso de revisión que promovió el gobierno estatal, quien determinó, a su juicio, que hubo anomalías en las actuaciones del Juez Tercero de Distrito (para defenderse). El recurso fue rechazado y se ratificó la sentencia por el Tribunal Colegiado de Circuito, pero se modificó, presuntamente sin sustento legal, por acuerdo del juez de referencia.
En la sentencia de amparo la autoridad en mención estableció que, en vista de que el decreto no cumplió con el objetivo de mantener reunidos los bienes muebles e inmuebles de La Ferrería, el Gobierno del Estado está obligado a devolver el edificio así como los artículos que en su momento, en 1988, se encontraban en su interior, así como en el estado en la que se encontraba, según sentencia de la que se hizo mención en el reportaje de “La Ferrería, pérdida histórica”, publicada ayer en este medio impreso.
El Tribunal Colegiado resolvió, en la fracción IV, en “Actos reclamados”, en resolución de fecha 20 de septiembre del 2001, dar cumplimiento a la insubsistencia de los decretos expropiatorios, ubicados en varios volúmenes de periódicos oficiales del Estado, números 28 bis, 37 y 38, de fechas 7 abril, 6 y 10 de noviembre de 1998... “La Casa Grande en Ruinas y su mobiliario”, por supuestas causas de utilidad pública.
La autoridad judicial mencionada asentó en resoluciones: Primero “Se confirma la sentencia sujeta a revisión”, que obliga al gobierno estatal a entregar la Casa Grande en Ruinas y su mobiliario. Segundo: La Justicia de la Unión ampara y protege a Banco Nacional de México contra los actos que reclamó.
Guillén Reyes mostró el documento en donde el Juez Tercero de Distrito determinó, en forma presuntamente ilegal, que el gobierno estatal sólo debe entregar el bien inmueble. Guillén Reyes afirma que el acuerdo obra en contra de la sentencia que la autoridad emitó, así como en contra del recurso de revisión del Tribunal Colegiado que ratificó la misma.
Sin obligación
Rebasa fácilmente los 300 mil dólares
Juan Francisco Vázquez Novoa, presidente de la Barra de Abogados en Durango, indicó que aunque la ex hacienda La Ferrería haya sido adquirida en 300 mil dólares, es irrelevante, pues la autoridad judicial ha resuelto la entrega del bien inmueble y sus muebles. Explicó que el precio es negociable y puede ser en miles o millones de dólares, según estimen en convenio las partes, y cuando el afectado se ha desistido de la sentencia de amparo. “No se puede obligar a la parte triunfadora en amparo a pagar un precio por el bien inmueble”, dijo.
Al referirse a la entrega de los bienes muebles, apuntó que“sólo podría cambiarse la sentencia ejecutoria si los bienes muebles no se contemplaron en la expropiación o bien fueron perdidos”, dijo.
En el reportaje publicado ayer, se demostró que muchos de los bienes muebles se encuentran fuera de la ex hacienda; en la Pinacoteca y Casa de la Revolución del Instituto de Cultura del Estado de Durango, por citar un ejemplo.