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LA PAZ, Bolivia.- La denuncia gubernamental sobre un fallido golpe de Estado y un presunto plan para asesinar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada dejó ayer entre preocupados e incrédulos a líderes de los principales partidos políticos bolivianos.
“Se han visto las huellas de los disparos y dan una muestra clara de cómo querían matar al Presidente de la República”, dijo la diputada Teresa Paz, del gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
El gobierno boliviano denunció el viernes que la violencia de dos días que esta semana dejó 29 muertos y 189 heridos, a raíz de choques armados entre policías amotinados y soldados, formó parte de un fallido “golpe de Estado contra la democracia”.
El portavoz presidencial, Mauricio Antezana, sostuvo en declaraciones a la prensa que el intento golpista apuntó no sólo a “interrumpir el mandato del presidente”, sino también a “atentar contra su integridad física”.
Antezana mostró el viernes a la prensa y a cámaras televisivas impactos de al menos seis proyectiles disparados por presuntos francotiradores contra el despacho y dependencias privadas del jefe de Estado en el llamado Palacio Quemado, sede del gobierno.
El portavoz no identificó a ningún sector, civil o militar, como responsable del denunciado golpe y del presunto plan contra la vida de Sánchez de Lozada, de 72 años.
Un comunicado gubernamental publicado el sábado aclaró, de manera categórica, que la denuncia no cuestionó “la lealtad de la Policía Nacional al presidente de la república, ni al orden constitucional, ni al Estado de Derecho.” Antezana sostuvo que una encomendada investigación, minuciosa a imparcial, deberá establecer el origen del movimiento golpista y las vinculaciones de los francotiradores.
La versión gubernamental afirmó que expertos tiradores, apostados en edificios circundantes al palacio ejecutivo, ubicado en la histórica plaza Murillo de La Paz, dispararon “buscando objetivos” contra el despacho y dependencias privadas del presidente.
Agregó que el múltiple ataque ocurrió durante los sangrientos choques armados protagonizados el miércoles por los amotinados miembros de un cuerpo policial de elite y efectivos del ejército, desplazados en resguardo del palacio gubernamental tras una pedrea de estudiantes contra sus ventanales.
El presidente, de 72 años, fue evacuado del histórico edificio en una ambulancia cuando arreciaban los enfrentamientos y tiroteos en las inmediaciones.
“Esas declaraciones no convencen a nadie, más bien causan risa. Nadie las va a creer”, declaró el diputado Dionisio Núñez, del Movimiento al Socialismo (MAS), el mayor de la oposición.
El máximo líder y ex candidato presidencial del MAS, Evo Morales, se anticipó el viernes a las denuncias del gobierno y declaró que la violencia desatada en La Paz pudo constituir un “autogolpe” del propio Sánchez de Lozada.
Distintas protestas sociales y el motín policial siguieron a un proyecto impositivo sobre los salarios que el gobierno envió al Congreso como parte de un paquete de medidas orientadas a reducir un elevado déficit fiscal.
“Un autogolpe al estilo Fujimori”, explicó Morales, a la vez diputado indígena, refiriéndose al movimiento militar encabezado en 1992 por el ex presidente peruano Alberto Fujimori para disolver el Congreso y asumir poderes extraordinarios.
En la teoría del “autogolpe” coincidió Felipe Quispe, otro diputado indígena conocido como “Mallku” (jefe supremo, en lengua aymara), líder de una poderosa organización campesina de izquierda.
“Si hay algo, se trata de un autogolpe”, afirmó, según el diario La Razón.
Legisladores de otros partidos que conforman con el MNR una coalición oficialista expresaron, por el contrario, su preocupación por las denuncias.
El senador del cogobernante Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Hugo Carvajal, repudió como “cobardes” los disparos que atentaron contra la vida del presidente en un “inadmisible” acto antidemocrático.
Para la populista Unidad Cívica Solidaridad (UCS), los proyectiles que hicieron blanco en el palacio presidencial no fueron “fortuitos” y deberán ser exhaustivamente investigados, según su dirigente Moisés Jarmusz.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, en tanto, anunció que requerirá una amplia investigación sobre los violentos sucesos de la semana y las denuncias gubernamentales.
“Esperemos que no sea un esfuerzo distractivo para desviar la atención sobre los muertos,” dijo su vicepresidente, Sacha Llorenti.
Un balance oficial de la Defensoría del Pueblo estableció el viernes que 29 personas murieron, entre ellas diez policías y cuatro militares; y otras 189 resultaron heridas, en su gran mayoría por proyectiles de armas de fuego y el impacto de gases lacrimógenos.