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MÉRIDA, Yuc.- Oficinas de gobierno y empresas privadas en el estado condicionan la contratación de personal a la presentación de una prueba de no embarazo y en algunos casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), en abierta violación a las leyes laborales y los derechos humanos.
Una denuncia ante el Congreso estatal del grupo Indignación AC reveló que muchas empresas, especialmente del sector restaurantero, no contratan personal sin pruebas negativas de embarazo o sida.
La vocera de Indignación AC, Cristina Muñoz, dijo que están en condiciones de aportar datos suficientes para que las autoridades procedan en contra de quienes estén condicionando así el empleo.
El presidente de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y Previsión Social en Yucatán, Luis Alberto Ruiz Flota, señaló que la exigencia de una prueba de no embarazo para otorgar un trabajo viola lo ordenado en el tercer párrafo del artículo primero de la Constitución General de la República.
Según ese artículo “queda prohibida toda discriminación motivada por las condiciones de salud, religión, estado civil o condición social o cualquiera que atente la dignidad humana y que tenga por objetivo menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
De acuerdo con la denuncia, en la mayoría de los casos las mujeres aceptan realizarse la prueba con tal de obtener el empleo, a pesar de que se violenta el derecho natural de la procreación. Uno de esos casos fue el de Rosy Camaal, de 27 años.
La mujer relató que hace unos meses trabajó en un restaurante, el Café Caríbean, en donde le exigieron una prueba para demostrar que no estaba embarazada.
El dirigente de los burócratas en Yucatán, Jorge Gil Sánchez, reveló que con el pretexto de actualizar los expedientes, el gobierno estatal está pidiendo a sus empleados que se hagan chequeos médicos.
Los diputados priístas locales Rafael Casellas Fitzmaurice y Luis Hevia Jiménez coincidieron en que el gobierno estatal actúa “indignamente” al poner esas condiciones.
El secretario general de Gobierno de Yucatán, Pedro Rivas Gutiérrez, dijo desconocer que se exijan dichas pruebas.