De incurrir en tráfico de influencias, denunció Marco Antonio Navarro Ruiz, propietario de la estancia infantil “San Lomy”, al regidor y líder de la burocracia federal en Durango, José Luis Martínez Prado, así como al delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, Raúl Villaseñor Benavides.
Apoyado en documentos y en una investigación que dijo haber realizado luego de que Villaseñor le negó la participación de su empresa en el esquema de servicios subrogados de la referida dependencia federal, Navarro Ruiz afirmó que ambas personas se han valido de su posición para incurrir en irregularidades graves sin que sean detectadas por las autoridades.
El caso de corrupción que planteó el denunciante gira en torno a que la estancia infantil “Carita de Ángel” ha sido beneficiada por las influencias de Martínez Prado y los “acuerdos” que presumiblemente llegó a tener éste con Villaseñor Benavides, pues obtuvo el contrato de subrogación esa empresa sin siquiera estar incorporada a la Secretaría de Educación Pública, requisito mínimo necesario para lograr tal trámite.
A través de un escrito de fecha 20 de septiembre del 2001, que lleva tres sellos de recibido por diversas áreas de la Delegación del ISSSTE con esa misma fecha, el denunciante pidió a Villaseñor Benavides prestar el servicio de subrogación de estancias infantiles del instituto, por medio de la empresa Centro de Estimulación Infantil “San Lomy”.
“Injusticia”
En el documento, argumentó Navarro que contaba con el personal, la capacidad, los permisos de incorporación y las instalaciones necesarias, así como experiencia de nueve años –para ese entonces- en la actividad de las estancias infantiles. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta por escrito –asegura-, sino únicamente la negativa del Delegado, quien le habría dicho primero que analizaría su petición, pero que después le diría: de plano no se pudo.
Marco Antonio Navarro detalló a El Siglo de Durango que empezó a investigar el motivo por el que no le daban la prestación de ese servicio subrogado en el ISSSTE, y dice haberse encontrado con que el espacio -vacante entonces- sería otorgado a una estancia infantil de la que es socio –señala- el ahora regidor Martínez Prado.
En un recibo fiscal de la estancia infantil “Carita de Ángel”, del que Navarro proporcionó copia a este matutino, se observa cómo en el 2001 el ISSSTE le pagaba a esa empresa 143 mil pesos mensuales por el cuidado de 200 niños. No obstante, apunta el denunciante que aparece el nombre de la socia de Martínez Prado, Rosalva de la Cruz Castañeda Alvarado, pero no la clave de incorporación a la SEP.
“Es que no tenían clave en ese entonces, y eso constituye una irregularidad muy grave. La obtuvieron apenas en julio del 2003, a pesar de que la solicitud la hicieron cinco días antes. Hubo tráfico de influencias. ¡Nadie consigue tan rápido una clave!”, señaló el inconforme.
También proporcionó copia de la Notificación de Movimientos en el Catálogo de Centros de Trabajo, elaborada por la SEP y en la que se le informa a la estancia infantil “Carita de Ángel” que se autorizaba su incorporación oficial el primero de julio del presente año, bajo la clave 10PJN0095W. Antes de esa fecha ya recibía mensualmente los pagos del ISSSTE, sin tener un requisito de suma importancia.
La relación entre Rosalva de la Cruz Castañeda, aparente dueña del “Carita de Ángel”, y Martínez Prado, el líder de la burocracia federal y actual regidor de Durango, fue comprobada por Navarro a través de un oficio que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 88, emitió en junio de 1994, cuando era líder de ese gremio José Luis Martínez Prado.
Entre las siete principales carteras del Comité Ejecutivo del SNTSA, encabezado por el ahora regidor, aparece Rosalva Castañeda, quien se ostenta como dueña de la referida estancia infantil.
Irregularidades
Queja formal
Ante la Contraloría Interna del ISSSTE fue presentado un oficio por parte de Marco Navarro Ruiz el 11 de septiembre del 2003, en el que describe las irregularidades que detectó en la persona del Delegado de dicho instituto, Raúl Villaseñor, contra quien presentó al mismo tiempo una queja formal.
En ese escrito, del que tiene copia también El Siglo, pide que se inicie una investigación exhaustiva de los hechos que narra, así como una sanción administrativa o de la naturaleza que corresponda contra el presunto responsable que directamente él señaló.
Pero no quedó ahí solamente. Un día antes, el martes 15 de septiembre, promovió una denuncia o queja ante la Secretaría de la Función Pública, misma que ya fue recibida, según el acuse de recibo que proporcionó el denunciante a este medio escrito.