NOTIMEX
Los Ángeles, EU.- El senador de California, Joseph Dunn, presentó dos propuestas de ley para hacer justicia a miles de mexicanos y estadounidenses de origen mexicano expulsados de manera ilegal de Estados Unidos entre 1929 y 1944, se informó ayer aquí.
La primera propuesta es la llamada SB933 que pretende establecer un nuevo plazo, hasta el 31 de diciembre de 2006, para que las víctimas de esas expulsiones ilegales puedan demandar a los responsables.
La iniciativa del demócrata, por Garden Grove, tiene como finalidad respaldar la demanda colectiva que se entabló el 15 de julio pasado contra el gobierno estatal de California, el condado y la ciudad de Los Ángeles.
La querella contra los inculpados se debe a su presunta participación en esos hechos, considerados como uno de los capítulos más negros en la historia de las violaciones a los derechos humanos de este país.
En la demanda, presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, esas entidades son responsables de colaborar con el gobierno federal durante la época de la Gran Depresión para expulsar del estado a por lo menos 400 mil personas.
A nivel nacional, se estima que el número de deportados y desterrados de manera ilegal fue de entre uno y dos millones, 60 por ciento de ellos eran ciudadanos estadounidenses.
De acuerdo con el diario, la segunda iniciativa es una propuesta de resolución SJR21 para solicitar al Congreso que establezca una comisión que investigue a fondo el papel que tuvo el gobierno de Estados Unidos en esas expulsiones masivas.
De acuerdo con los asistentes del senador Dunn, la congresista Hilda Solís será la encargada de exponer ante el Congreso una iniciativa que pida el establecimiento de esa comisión.
Dunn también presentará, la semana entrante, una tercera propuesta, que por ahora carece de número, para que en California se forme una comisión que investigue el papel del gobierno estatal en esas expulsiones.
La demanda está basada en numerosos documentos oficiales que muestran cómo actuó el gobierno de Estados Unidos, a raíz de la crisis económica y financiera que se inició en 1929.
Indicó que, según las investigaciones, el gobierno federal, apoyado por varios gobiernos estatales como el de California, Illinois, Michigan y Ohio, inició una agresiva campaña para obligar a todas aquellas personas de origen mexicano a abandonar el país.
Indicó que para lograr su objetivo, las autoridades de esa época no vacilaron en utilizar tácticas intimidatorias y violentas como redadas masivas y despidos injustificados.
Se recurrió también a expropiaciones ilegales de los bienes de las personas afectadas para sufragar sus gastos de transporte a México a bordo de trenes, vehículos particulares o incluso barcos y aviones.
Diversos documentos indican que en esas acciones participaron también numerosas autoridades locales e incluso compañías y organizaciones privadas como la Pacific Railroad y la Cámara de Comercio de Los Ángeles.
El personal de la oficina de Dunn expresó que se espera el respaldo de muchos demócratas y, en especial, de los integrantes del grupo latino, entre ellos las senadoras Martha Escutia y Gloria Romero.
Jess Araujo, uno de los abogados del equipo legal a cargo del caso, manifestó que están a la espera de la respuesta de la parte acusada, el 15 de agosto entrante.
Agregó que, gracias a la difusión informativa que ha recibido el caso, así como a las audiencias públicas que han celebrado en Los Ángeles, Orange y Sacramento se han contactado con ellos docenas de personas que fueron víctimas de esas expulsiones masivas.
El abogado manifestó que aunque el caso es muy complicado por el número de personas afectadas y de entidades implicadas, confía en que tendrán éxito porque las pruebas que tienen en su favor son contundentes.
Subrayó que eventualmente se llevarán a juicio a todas las entidades acusadas de estas expulsiones, incluyendo al gobierno federal.