Este año por terminar ha registrado avances significativos en materia de derecho de acceso a la información pública. Por lo que concierne a la parte positiva habría que registrar los siguientes casos: Primero. La aprobación de leyes de acceso a la información pública en 14 estados de la República. En algunos casos, con un articulado hecho para servir a la sociedad, en otros con contradicciones y carencias. Hubo situaciones de reflexión y humildad legislativa como en San Luis Potosí, en donde algunas inconsistencias de la ley fueron reformadas. Se pudo detener el intento del gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, de dar gato por liebre, al enviar una iniciativa de ley que hacía del acceso a la información la excepción y de la secrecía, la regla.
Hoy el tema es debatido en ese estado con voces importantes de la sociedad como quienes hacen posible la radio comunitaria, Radio Teocelo, que han abierto un importantísimo foro para socializar el tema y promover una ley democrática en la materia. La solución en materia de acceso a la información pública y transparencia en el Distrito Federal, tema al que se le ha dado puntual seguimiento en este espacio, representa lo mejor de lo que fue posible en la circunstancia política concreta de la capital del país y constituye un mensaje de apertura informativa a la nación entera. En donde se ha legislado queda el reto de hacer la ley vigente en una norma que sea eficaz. No es ni será un acto de cambio por decreto.
Expertos del Reino Unido, Suecia y Estados Unidos sugieren períodos entre 5 y 10 años para que el cumplimiento de la ley sea la regla general. Con todo, el avance no será posible sin una vinculación entre la información y la educación formal e informal para generar una cultura de la información entre las personas de a pie. El trabajo no estará completo si no se logra democratizar el uso de la información pública.
Segundo. La puesta en marcha del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la invención del SISI por este órgano -el Sistema por Internet de Solicitudes y Respuestas de Información Pública, creado por el comisionado Octavio López Presa- son dos soportes del cambio democrático en el país. Baste decir solamente que con la ayuda del SISI ha sido posible superar los mínimos de peticiones de información en el marco de los estados democráticos de derecho (el sistema más antiguo de acceso a la información pública en el continente americano, el canadiense, no superó la barrera de 5 mil solicitudes de información en su primer año, cifra quintuplicada en los primeros meses de la entrada plena en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aquí en México) y servir de ejemplo para países avanzados como el Reino Unido (cuya Ley de Acceso a la Información aprobada en el 2000 tiene un plazo de cinco años para entrar plenamente en vigor) y en vías de desarrollo como Perú (que junto a México y Panamá son los únicos países latinoamericanos que tienen norma jurídica a nivel de ley en este rubro). Tercero. En buena parte de los estados restantes del país existen iniciativas de ley. Muchas de estas iniciativas están siendo combinadas con importantes esfuerzos desde diferentes segmentos de la comunidad.
En Yucatán se ha dado el primer caso en el país donde el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Miguel Menéndez, se ha puesto a la cabeza de la organización civil y se espera que en las primeras semanas de enero se cuente con una Ley de Acceso a la Información Pública.
En Quintana Roo, el Consejo Coordinador Empresarial, ha seguido la misma línea que en Yucatán y con el ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Andrés García Gamboa, han preparado un proyecto para que sea hecho suyo por el Congreso local en el primer periodo ordinario de sesiones del año entrante. En otros estados, como Chihuahua, ha sido la suma de organizaciones civiles coligadas en Red Ciudadana la que lleva el liderazgo en el tema con la simpatía del mayor diario del estado, el Diario de Juárez y Diario de Chihuahua, que han dado cobertura a las actividades desarrolladas al respecto. En Tabasco, la mayoría democrática del Congreso en poder del PRD tiene el firme compromiso de legislar a la brevedad sobre el tema.
En Sonora, por su parte, el gobernador priista, Eduardo Bours, prepara una ley de consenso con el Congreso del estado. Y en Puebla, por poner un ejemplo más, se ha elevado a rango constitucional el derecho de acceso a la información pública y falta hacer todos los esfuerzos necesarios para contar con una ley reglamentaria.
Quedan, por supuesto, viejos y nuevos retos para insertar en la agenda legislativa y pública, para lo cual habrá que crear consensos en lo fundamental. Habrá que legislar en donde no se haya hecho en el rubro de protección de datos personales, de archivos públicos y de reuniones abiertas, así como preparar las reformas a que haya lugar en las leyes federal y estatales para facilitar el acceso a las personas. De ese modo, seguirá el desarrollo normativo y cultural por aproximaciones sucesivas en ésta y otras vertientes del derecho a la información.