Ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se emitió un 10 de diciembre, el de 1948, la fecha fue escogida para significar el valor de esas prerrogativas de las personas, esos caracteres de su dignidad. Este día, o en torno de él, se realizan acciones que ponen en el centro de la atención pública las políticas en esa materia.
En ese marco, el presidente Fox recibió anteayer un Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, preparado por cuatro calificados expertos (Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Isidro Cisneros y Miguel Sarré) para la oficina local del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. El documento concluye con 31 recomendaciones (aparecen numeradas 32, pero falta la número 21, quizá simplemente por un error de numeración). Servirán, con otros insumos, para la preparación de un Programa Nacional de Derechos Humanos.
Ese tema fue relevante en la agenda presidencial desde el comienzo del sexenio, como parte de la proyección internacional que se juzgó pertinente, para dibujar una nueva imagen de México con base en el bono democrático, la buena voluntad hacia el Gobierno que puso fin a la prolongada hegemonía priista. El propósito, que llegó a una de sus etapas de culminación con el diagnóstico de la ONU, no ha estado exento de peripecias, que han repercutido para mal en el ancho campo de la promoción y defensa de los Derechos Humanos, a algunas de cuyas peripecias y mezquindades nos referimos hoy aquí.
El canciller Jorge G. Castañeda designó embajadora especial para la democracia y los Derechos Humanos a Mariclaire Acosta, que fue finalmente nombrada subsecretaria en esas materias para evitar las objeciones del Senado. Al adquirir ese rango se abrió un flanco si no de enfrentamiento sí de paralelismo redundante con la Secretaría de Gobernación, que contaba con una dirección general para el mismo rubro, que después adquirió rango de subsecretaría. Es la única que subsiste, después de la remoción de la doctora Acosta, posteriormente a la renuncia del canciller Castañeda.
El propósito gubernamental inconformó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que consideró lesivo para su autonomía el que desde el Gobierno se impulsara una política en esa materia y que ante la comunidad internacional fuera el Gobierno y no la propia CNDH el que expusiera la posición del Estado. Por lo mismo, no avaló el compromiso firmado por el presidente Fox y la señora Mary Robinson, entonces responsable de la ONU en la materia, para que ese organismo tuviera una representación en México. No ha habido, por lo tanto, una saludable buena relación entre el titular de la oficina mexicana, Anders Kompass y la CNDH.
Cuando se convocó a la realización del Diagnóstico afloraron las diferencias entre ambas oficinas, que hicieron a la Comisión Nacional alejarse del procedimiento de selección de los expertos. El diferendo culminó anteayer, cuando el presidente de la CNDH José Luis Soberanes no acudió a la presentación del documento. Contó para explicar su ausencia con un buen argumento, pues a la misma hora inauguraba la Semana de Derechos Humanos y la Cultura, organizada por su Comisión.
En sentido inverso, la CNDH había resentido el aplazamiento y la disminución del acto en que presentaría, hace dos semanas, su informe sobre los crímenes de Ciudad Juárez. Después de una cancelación sin causa, finalmente el presidente Fox recibió en privado a Soberanes, a diferencia de lo ocurrido dos años atrás, en que la presentación pública de un informe sobre personas desaparecidas dio lugar a meritorias acciones gubernamentales para desfacer entuertos del pasado. La presentación del informe —objetado por mantener en reserva los nombres de los funcionarios cuyas omisiones generaron la exasperante impunidad que padecemos a ese respecto— dio lugar a otro momento que refleja el clima de desencuentros y aun hostilidad que campea en los organismos públicos y las agrupaciones privadas en el ámbito de los derechos humanos.
El presidente de la CNDH sugirió que la Comisionada federal para impedir la violencia en Juárez estaría dispuesta a renunciar si se designaba un fiscal especial para el caso. La renuncia no había pasado por la cabeza de la ex ombudsman de Jalisco Guadalupe Morfín.
Las primeras diez recomendaciones del Diagnóstico se refieren precisamente al ámbito organizacional de los Derechos Humanos. Se trata de un terreno donde hay todavía mucho que hacer, porque en muchas entidades de la República no hay plena conciencia de la índole y la importancia de las comisiones estatales respectivas. O quizá sí, y por eso se las maltrata. En Baja California, por ejemplo, el ombudsman era anteriormente el jefe de la escolta de un gobernador. En Oaxaca, era el oficial mayor de la Cámara de Diputados. En Veracruz, la presidenta de la Comisión es la ex secretaria de Gobierno. Y en Aguascalientes era el líder de la bancada panista en el Congreso local. En Baja California Sur y en Puebla los titulares eran inmediatamente antes subprocuradores. En Querétaro, los miembros del consejo son nombrados por el gobernador y en Chiapas los designa el Congreso, que dejó vacantes durante mucho tiempo lugares a que incorporó a ex funcionarios públicos.
Cuando Guadalupe Morfín presidía la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, casi fue sujeta a un juicio político con que la amagó la bancada panista. El episodio fue signo de su reciedumbre propia, pero también de la vulnerabilidad del cargo.