21 agosto 2003
BUENOS AIRES, (AP).- El Senado argentino derogó el jueves dos leyes exculpatorias que impiden el juzgamiento de los ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976 a 1983.
Por amplia mayoría, los legisladores presentes en el recinto al momento de la votación convirtieron en ley un proyecto que establece en su principal artículo: "Declárase la nulidad absoluta e insanable de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida".
La iniciativa, que había logrado la semana pasada media sanción en la Cámara de Diputados, constituye un importante paso hacia el juzgamiento de los represores, quienes hasta ahora habían logrado eludir a la justicia protegidos por esas leyes.
Sin embargo, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, que debería declarar inconstitucionales las normas para que efectivamente puedan ser juzgados. En 1985 un tribunal enjuició y condenó a los jerarcas de la "guerra sucia" en la que desaparecieron unas 30.000 personas.
Pero dos años después una serie de levantamientos militares torcieron el brazo del entonces presidente Raúl Alfonsín, que se vio obligado a impulsar la sanción de estas leyes en el Congreso.
La norma conocida como Punto Final puso fin a los procesos abiertos contra los represores, en tanto que la ley de Obediencia Debida exculpó a los cuadros de las Fuerzas Armadas inferiores al grado de coronel que se vieron obligados a cumplir las órdenes de sus superiores.
Pero la discusión sobre la nulidad de las leyes resurgió en los últimos meses a raíz de la voluntad expresada por el presidente Néstor Kirchner de retomar lo sucedido en una de las etapas más oscuras de la historia argentina.
Primero, dispuso un descabezamiento de la cúpula mayor de las Fuerzas Armadas al tiempo que pidió públicamente al Congreso y a la Corte Suprema que anulen todas las trabas legales que impiden el juzgamiento de los represores.
En ese marco, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de 45 ex militares por pedido del juez español Baltasar Garzón, que busca juzgar en su país a los responsables de los delitos de genocidio, tortura y terrorismo contra ciudadanos españoles residentes en Argentina durante la dictadura.
La senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner dijo durante el debate, que comenzó el miércoles pero se extendió hasta la madrugada del jueves, que "voto con absoluto convencimiento por la nulidad de las leyes de impunidad. Estas leyes son una violación... obligaron en su momento a los jueces a no juzgar a los asesinos de ciudadanos argentinos".
En contraposición, otros legisladores argumentaron que el Congreso no tenía facultad para derogar leyes que él mismo había sancionado.
"Esto constituye un desborde constitucional e implica un pésimo precedente. De ninguna manera nosotros podemos avanzar en la derogación de las leyes. Su anulación o validez corresponde sólo a los tribunales de justicia", sostuvo el senador Carlos Maestro, de la opositora Unión Cívica Radical (UCR).
Más temprano, el Senado también convirtió en ley un proyecto enviado por el gobierno que otorga rango constitucional a la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Al igual que sucedió una semana atrás, un nutrido grupo de representantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos se convocaron a puertas del Congreso para seguir atentamente las instancias del debate.
Cuando la derogación de las leyes ya era un hecho, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, cada una con sus clásicos pañuelos blancos, celebraron emocionadas.