13 agosto 2003
Buenos Aires, (Notimex).- En una decisión histórica, la Cámara de Diputados de Argentina anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que en 1986 impidieron los juicios contra dos mil 500 militares que cometieron crímenes de lesa humanidad.
Después de una sesión de ocho horas, la iniciativa fue aprobada por el gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista), la Alternativa por una República Igualitaria (ARI) e Izquierda Unida, partido que fue el promotor original de la iniciativa.
En contra votó la mayoría de diputados adscritos a la Unión Cívica Radical (UCR), el partido históricamente opositor al peronismo. La ex candidata presidencial por ARI, Elisa Carrió, fue una de las principales impulsoras del proyecto, ya que aseguró que "nadie va a poder borrar esta declaración histórica".
Por el contrario, el diputado Ricardo Bussi, hijo de uno de los principales represores de la dictadura, advirtió que "éste es un debate inútil, no sirve de nada porque nadie le va a devolver los muertos a la señora de Carlotto".
Estela de Carlotto es la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, la organización que se dedica a buscar a los bebés que fueron robados por los dictadores y que hasta la fecha ha encontrado a 75 de ellos. En medio de fuertes abucheos, Bussi dijo que de nada sirve "este debate estéril, ya debemos hermanarnos todos los argentinos".
El dictamen que fue aprobado pasará la semana siguiente para su revisión y posible ratificación en el Senado. De esta manera Argentina podrá reabrir los juicios en contra de quienes participaron en el terrorismo de Estado que privó durante la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983 y que dejó un saldo de 30 mil desaparecidos.
En una larga jornada, los bloques legislativos acordaron la derogación de estas leyes por medio de tres proyectos, el primero de los cuales declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio, tortura y terrorismo.
En segunda instancia, los diputados votaron a favor de otorgar rango constitucional a la adhesión en contra de la prescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la víspera realizó el gobierno encabezado por el presidente Néstor Kirchner.
Por último, los diputados votaron la nulidad absoluta de las polémicas leyes 23 mil 492 de Punto Final y 23 mil 521 de Obediencia Debida.
La Ley de Punto Final se emitió en 1986 y decretó que los jueces tenían un plazo máximo de 60 días para iniciar procesos penales en contra de los represores, ya que en caso contrario los acusados ya no tendrían la obligación de volver a los tribunales.
Un año después se puso en vigor la Ley de Obediencia Debida a través de la cual fueron amnistiados alrededor de dos mil 500 militares bajo el argumento de que sólo habían obedecido órdenes de sus superiores.
Para entonces sólo habían sido juzgados y condenados ocho de los represores que encabezaron las tres juntas militares que gobernaron al país, entre ellos el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla.
Sin embargo, en 1989 los represores fueron indultados por el presidente Carlos Menem y obtuvieron su libertad.
En el caso de Videla y otros seis dictadores, en 1995 se reactivaron juicios en su contra por la apropiación indebida de bebés de los desaparecidos políticos y aunque hasta la fecha no se les ha dictado condena, permanecían en prisión domiciliaria.
La derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida obligará a la reapertura de los juicios en contra de los militares, en un proceso que fue impulsado por el propio Kirchner luego de que se comprometiera con la sociedad a combatir la impunidad.
Kirchner se convirtió así en el primer presidente desde el regreso de la democracia que no protege políticamente a los militares, ya que el ex mandatario Raúl Alfonsín fue el impulsor de las leyes de impunidad, en tanto que Menem decretó los indultos.
Por su parte, Fernando de la Rúa (1999-2001) emitió un decreto para rechazar automáticamente cualquier pedido de extradición en contra de los represores, el cual fue derogado hace dos semanas por Kirchner.
La reapertura de los juicios contra los represores en suelo argentino cancelará automáticamente los pedidos de extradición que el juez español Baltasar Garzón promovió en contra de 45 militares y un civil el pasado 25 de julio.
A raíz de la petición de Garzón permanecen detenidos 41 militares y un civil, ya que dos acusados ya habían muerto y otros dos están prófugos.