El acatamiento de la Ley y como consecuencia de ello el de las resoluciones que emiten los tribunales encargados de aplicarla al caso concreto no puede quedar al arbitrio de los particulares ni aún en el caso de que éstos consideraran que se niegan a cumplir una determinada resolución por estimarla injusta, tal y como sucede en el caso de la sentencia que resolvió la controversia sobre la expropiación del Paraje San Juan ubicado en el Distrito Federal.
De acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno del DF, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, deberá pagar la cantidad de mil ochocientos diez millones de pesos como indemnización a sus legítimos propietarios, lo que provocó una reacción desmedida del jefe de gobierno quien desde que tuvo conocimiento de ese fallo ha sostenido que no pagará tan exorbitante suma, pues ello sería en perjuicio de los habitantes de la capital.
El argumento de López Obrador es cierto, pues destinar del presupuesto de la ciudad más poblada del mundo tan elevada suma implica dejar de responder a muchas necesidades comunitarias en una entidad en que si algo abunda son precisamente las necesidades y la escasez de recursos para atenderlas, de ahí que inclusive sean ciertos grupos sociales los que le exijan que no pague esa indemnización, máxime que no es una expropiación que su administración haya llevado al cabo.
Pero por otro lado, no se puede negar que el imperio de la Ley debe prevalecer sobre cualquier circunstancia de tipo económico y por ello, Andrés Manuel no debe simplemente decir: “no vamos a pagar nada. Que nos disculpen las autoridades judiciales y nos atenemos a las consecuencias”, porque eso es un desacato manifiesto a una decisión judicial y una franca invitación para que otras autoridades y los mismos ciudadanos no acaten otras decisiones e incluso las determinaciones del jefe de gobierno, aún y cuando éstas sean justas.