Tenemos reglas cada vez más democráticas, pero los principales beneficiarios son quienes las utilizan para vapulear la democracia. Un balance es el afianzamiento de la creencia de que, para tener cambios profundos, hay que aceptar la impunidad. El nuevo desafío es combatir, con razones y acciones, el sofisma. Es indudable que estamos mejor que en el viejo régimen porque la información fluye a raudales, se conoce mejor a los actores públicos y aumentan las posibilidades de defender derechos y ejercer libertades. Lo paradójico y hasta cierto punto inesperado, es que quienes están aprovechándose de los nuevos espacios son aquellos que respetan menos las reglas democráticas. Maquillan su proceder con palabras que encubren los nuevos rostros del autoritarismo y contratan a equipos de abogados porque saben que en las leyes está una veta altamente redituable. En algunos aspectos nos estamos asemejando a la Italia de Enrico Berlusconi.
Con las tranzas del senador priista Ricardo Aldana y de sus protectoras y protectores se trenza una parábola del reto que el país enfrenta. En el último número de la revista Proceso, Jesús Cervantes presenta un reportaje basado en la grabación de lo dicho en una reunión priista. En ella Elba Esther Gordillo, coordinadora de los diputados de ese partido, verbalizó el sofisma: “no se trata -dijo la maestra- de si el senador (Aldana) es bueno o malo, culpable o no culpable; de lo que se trata es que es un asunto político de gran envergadura que pone en riesgo” el registro del PRI y la sucesión presidencial.
En consecuencia, Gordillo informó a los suyos que ya se había reunido con los “grupos de poder real”, incluido el presidente Vicente Fox y que contaba con su apoyo y venia para evitar el desafuero de Ricardo Aldana. A medida que conocemos la lógica de los diferentes actores, sólo nos resta por saber las monedas que el PRI desembolsó para retribuir la complicidad del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y de Convergencia.
El razonamiento de la maestra Gordillo se sustenta en un sofisma (“argucia con que se defiende lo falso”) absolutamente incompatible con la democracia. Con palabras y con hechos ella y otros nos dicen que el país funcionará sí, y solo sí, los que detentan el poder disfrutan de impunidad. Es normal que Elba Esther piense y actúa de acuerdo a esa idea central en la cosmogonía priista. Lo inesperado es la forma como la han interiorizado y asumido en el partido fundado por Manuel Gómez Morín. Según Carlos Castillo Peraza “la causa primera de los males del país, según Gómez Morín era la confusión mental y moral que no permitía a los ciudadanos emprender una identificación de lo que le hacía daño y caminar en la dirección correcta para procurar el bien” (Manuel Gómez Morín, Constructor de instituciones, Antología, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 36). En parte gracias al PAN esa confusión sigue enturbiando el discernimiento ciudadano. El 13 de septiembre, el Grupo Reforma aplicó una encuesta nacional telefónica según la cual el 77 por ciento de las y los mexicanos estaba de acuerdo en quitarle el fuero a Aldana para que se le investigara por el desvío de fondos de Petróleos Mexicanos al candidato del PRI a la presidencia. Es revelador que de acuerdo a la misma encuesta, el 48 por ciento también pensaba que eran más prioritarias las reformas estructurales que la investigación sobre el Pemexgate. Es decir, aunque se prefiere la justicia están dispuestos a que se sacrifique para que haya cambios que, se supone, mejorarán nuestra vida. La justicia fue sacrificada porque el caso Aldana confirmó que en México no se aplica a los poderosos.
La impunidad de Aldana es paradigmática, pero no excepcional. En la Federación Mexicana de Futbol se espía y se comete todo tipo de irregularidades sin que la autoridad haga todavía las correcciones necesarias; el Partido Verde Ecologista de México logra que la Cámara de Diputados regañe al Tribunal Federal Electoral que se atrevió a decirle que sus reglamentos son anti-democráticos y un tribunal decide que no podrán hacerse auditorías a los bancos para aclarar el monto de unas irregularidades que todos seguimos pagando. En éste y otros asuntos se invocan reglamentos y leyes sin tomar en cuenta si la justicia está siendo servida. Ese es el camino lógico de quienes piensan lo peor sobre la condición humana y están convencidos que la política es por definición corruptora, que el realismo debe imperar y que la impunidad es un costo que tenemos que asumir. Las instituciones o personas que combaten estas ideas son tachadas de ingenuas y hasta ridiculizadas. No comparto ese fatalismo porque hacerlo conduce a la resignación, a la aceptación de que somos un país de corruptos y a creer que tenía razón el Maquiavelo del “fin justifica los medios”. Si vemos el asunto desde otras coordenadas, el Gobierno y la política pueden ser diferentes. Para ello debe imperar el Estado de Derecho y consolidarse la cultura democrática lo que supone un enunciado diferente al propuesto en el sofisma: para construir cambios profundos y sostenibles debe combatirse la impunidad en todas sus manifestaciones (sobre todo cuando es tan paradigmática como lo es en el caso Aldana).
Hay quienes se inspiran cotidianamente en estos razonamientos. En el Legislativo hay que felicitar al coordinador de la fracción perredista, Pablo Gómez, por la claridad con la que expuso la esencia de lo que estaba en juego; a la Procuraduría General de la República deben reconocérsele las investigaciones que hace pese al enojo de los poderosos; tenemos que elogiar a los jueces honestos que interpretan las leyes inspirándose en la ética pública; hay que respaldar al Auditor Mayor de la federación que pelea con los bancos -y contra el gobierno de Vicente Fox- para quitar a la deuda nacional más de 50 mil millones de pesos y distinguir al Instituto Electoral del Distrito Federal por la forma en que contiene los excesos de los partidos.
No basta, por supuesto, con elogiar a quienes se enfrentan con los intereses creados. La sociedad civil -que existe— tiene que sacudirse la modorra que la aqueja y reiniciar la marcha porque la alternancia ha sido insuficiente y porque en la guerra de trincheras los torreones más estratégicos son ocupados por los corruptores de la democracia. Las elecciones confiables no bastaron porque los partidos no respondieron a los retos y, por ello, los desafíos son diferentes. La nueva tarea de la sociedad civil es exigir que se rindan cuentas, desnudar a los simuladores y aplaudir a quienes están haciendo bien su trabajo (sean del partido que sean).
Si en el pasado era suficiente con entrar en desacuerdo con el Gobierno porque con eso se rompía un sudario de silencio, actualmente se tienen que aprovechar los múltiples instrumentos que nos entrega la democracia para combatir a los émulos de Berlusconi. Ya no basta con invocar la justicia y esperar que los partidos se encarguen de hacerla cumplir. No lo harán, salvo que sientan la presión social. En el México actual la justicia es de quien la documente y trabaje. Entretanto y parafraseando a Miguel de Unamuno, podrán imponer el sofisma que justifica la impunidad; jamás podrán convencer.
La miscelánea
Resulta ofensiva la forma en que los partidos están procesando el cambio del Consejo del Instituto Federal Electoral (IFE). Desprestigiar a los actuales consejeros pareciera ser parte de una estrategia para sustituirlos con personas dóciles y dispuestas a tolerar los excesos partidistas. Debemos impedir esa reversión en una institución de estado vital para la democracia. Comentarios: Fax (5) 683 93 75; e-mail: sergioaguayo@infosel.net.mx