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MÉXICO, DF.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) se declaró incompetente para investigar la denuncia presentada en contra del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, por la difusión de spots para promocionar el voto; el expediente se turnó ya a la Subprocuraduría “A” de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR).
María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de Fepade, reveló que no se encontraron indicios de un delito electoral y por ello corresponderá a otra área determinar si el secretario de estado incurrió o no en los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, por los que fue denunciado.
En mayo pasado el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Jaime Cárdenas Gracia acudió ante el Ministerio Público de la Fepade, para denunciar penalmente a Creel Miranda. De acuerdo con la acusación el funcionario indebidamente ordenó que se dispusiera del espacio en los medios de comunicación que por ley le corresponde al Gobierno Federal, para difundir en ellos los spots mediante los que el Ejecutivo federal promovió la participación ciudadana para los comicios del 6 de julio.
Sin embargo, Fromow Rangel detalló que no se encontraron indicios de un posible delito electoral, y la resolución ya fue notificada al denunciante; aunque el caso no está cerrado, pues tocará a otra área investigar los hechos.
Esta es sólo una de las 350 averiguaciones previas que inició la Fepade por la posible comisión de delitos durante el proceso electoral, que formalmente inició el tres de octubre pasado.
Aunque las querellas por supuestos delitos durante la jornada electoral del domingo siguen llegando a la PGR, explicó la funcionaria.
El siete de julio, un día después de las elecciones, sumaban 133 expedientes sólo por el desarrollo de los comicios, a una semana de que se realizaron hay 154, es decir 21 casos más denunciados.
Al respecto, Fromow Rangel detalló que por las elecciones del domingo, el Distrito Federal, el Estado de México, Michoacán, Chiapas, Quintana Roo y Sonora fueron los estados con mayor incidencia de denuncias, relacionadas sobre todo con casos de supuesta compra y coacción de los votos, aunque antes de que se efectuaran los comicios el delito más recurrente fue el desvío de recursos por parte de servidores públicos en beneficio de una campaña o un partido.