Más que un estudio de finazas públicas o de administración estatal, comprender la confección de la lista de entidades que el presidente Fox pretende desincorporar, amerita un análisis de sicología política.
Será de gran interés conocer qué criterio rector puso en el mismo saco a las 16 empresas e instituciones que serán afectadas.
No hay un diagnóstico que permita saberlo, porque el transitorio del decreto de presupuesto que las condena a muerte o a ser vendidas establece que el tal diagnóstico se concluya a más tardar el último día de febrero. O sea que primero se fusila y después se “virigua”.
¿Qué pueden tener en común Notimex, Pronósticos para la asistencia pública, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del sector rural, Colegio de Posgraduados, Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante nacional, Exportadora de Sal, Transportadora de Sal, Instituto Mexicano de Cinematografía, Centro de Capacitación Cinematográfica, Estudios Churubusco Azteca, Educal, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y Comisión Nacional de las Zonas Áridas? No su tamaño, porque las hay de todas las tallas. No su materia de trabajo, porque se refieren a temas muy diversos. No su costo fiscal, porque algunas de ellas producen ganancias.
En varios casos salta a la vista la arbitrariedad de la decisión. Para tomar un ejemplo al azar veamos el caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). En agosto pasado cumplió 17 años de edad, pero no es una antigualla, un remanente del burocratismo priista: hace dos años exactamente, el 31 de octubre de 2001 fue convertido en un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Dado que allí se produjo un cambio de titular, sólo a esa mudanza sería atribuible el destino diverso que de un año a otro encara el IMTA.
El agua ha preocupado a diversos estudiosos desde hace mucho tiempo. Por sólo citar a uno de ellos, recordemos al ingeniero Jorge L. Tamayo, que recién salido de la Escuela Nacional de Ingenieros, a los 23 años, fue jefe de la oficina de hidrología de la Comisión Nacional de Irrigación. Se diría que se hizo geógrafo, uno de los más notables del país, conducido por sus estudios sobre el agua: en 1946 publicó sus Datos para la hidrología de la República Mexicana; en 1958, El uso del agua y el uso del suelo en México; y en 1975 su Atlas de agua de la República mexicana. Pero ya en 1964 no necesitó explicar en el título cuál era El problema fundamental de la agricultura en México.
En los cuarenta años corridos desde entonces, el carácter problemático del uso del agua en nuestro país se ha agravado y diversificado. Lo evidencia la variedad de las líneas de trabajo que el IMTA ha desarrollado en sus tres lustros de existencia: diseño y gestión eficiente de redes de agua potable y alcantarillado; estudios hidrológicos y geohidrológicos, sistema para reuso de agua, saneamiento de cuerpos de agua, tratamiento de aguas residuales, potabilización, evaluaciones de impacto ambiental, desarrollo de sistemas de riego, recuperación de suelos ensalitrados, diseño de obras hidráulicas y fluviales, pronóstico numérico del clima, estudios de gestión integral del agua; conservación y rehabilitación de cuencas, estudios socioproductivos y socioambientales y estudios de precios de agua y educación ambiental.
En el municipio de Jiutepec, Mor., el IMTA cuenta con una superficie de 20 hectáreas, en que se han erigido 23 mil metros cuadrados de instalaciones, entre las cuales sobresalen 12 laboratorios especializados. Su personal se compone de 261 investigadores, 58 ejecutivos y siete directivos. De ellos, 47 tienen doctorado, 163 maestría y 103 licenciaturas, grados correspondientes a más de 50 disciplinas cursadas en México y el extranjero. El resto del personal del IMTA son 82 empleados. (Información proveniente del número 629, del presente noviembre, de la revista Universidad de México).
El año pasado, ese Instituto operó un presupuesto de 268.5 millones de pesos. Casi ochenta fueron ingresos propios y recibió recursos fiscales por casi 190 millones de pesos. Esa cifra es la que duele a Hacienda, la que el erario quiere ahorrar, sin parar mientes (porque aún no se elabora el diagnóstico respectivo) en la cantidad y calidad de los servicios prestados por esa institución. ¿O es que son pésimos sus trabajos, acaso hay allí despilfarro, quizá todo es simulación?
Pero nada de eso sabrán los diputados, de los que se pretende que aprueben una lista de entidades, en la que se encuentra el IMTA, sobre las que recaerá la guadaña hacendaria. O, para decirlo con la propiedad de los términos jurídico-administrativos, respecto de las cuales se “iniciará el proceso de desincorporación que se determine entre las modalidades de disolución, liquidación, extinción, fusión o enajenación”. Sépase que entre ellas se identificará “la opción menos costosa”. ¿Cuál será en este caso: el IMTA será fundido con la Comisión Nacional del Agua? ¿Será comprado por alguna de las empresas que venden agua embotellada, negocio próspero si hoy hay alguno, como Coca-Cola, dueña de la marca Ciel? ¿O será simplemente suprimida, porque cuesta dinero que escasea y sin importar su utilidad?