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TUXTLA GUTIERREZ, Chis.- El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía deslindó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de los incidentes violentos que se registraron durante la jornada electoral de ayer en algunas regiones del territorio chiapaneco.
El mandatario rechazó que las bases de apoyo zapatistas hayan quemado y robado la documentación legal, al inicio de los comicios de este domingo.
Después de los acontecimientos, el gobernador aseguró que los incidentes violentos no afectan los comicios, porque el material quemado, robado y no instalado, no representa ni el uno por ciento del total de las 4 mil 316 casillas.
Salazar exoneró al EZLN y a sus bases de los sucesos, con el argumento de que desde el alzamiento armado de 1994, la rebeldía zapatista ha evitado cualquier expresión violenta en el terreno electoral.
"Si bien el EZLN no llama a votar, tampoco se han opuesto a que otros voten; ni siquiera aceptaría de entrada el hecho de que son bases zapatistas los que irrumpieron", sostuvo.
Y agregó que los episodios de la jornada no coinciden con el patrón y la conducta del EZLN, desde que apareció en el escenario de la vida política de Chiapas y el país.
"Seguramente algún grupo, que aprovechando los hechos, pretende confundir a la opinión pública", subrayó Pablo Salazar, al acudir a emitir su voto en la casilla básica de la sección 1636, ubicada en la escuela primaria federal "José María Morelos", de la colonia El Valle.
El gobernador de Chiapas minimizó la situación, pues dijo que el 98 por ciento de las casillas fueron instaladas, ante menos de medio punto porcentual de incidentes, los cuales no empañan un proceso ejemplar, afirmó.
Una vez más, el mandatario aliancista se deslindó de las responsabilidades del proceso electoral, y dijo que el involucrado directo es el Instituto Federal Electoral (IFE), y que al gobierno federal y estatal les corresponde brindar la seguridad para garantizar la civilidad y el respeto.
Aclaró que aunque el gobierno chiapaneco dispone de más de 7 mil policías en todas las regiones, no actúa de oficio en las denuncias de hechos violentos y posibles delitos electorales, y que éstas deben gestionarlas las propias autoridades del IFE.