El cierre de la oficina del Centro de Estudios Técnicos para Apoyo Regional, ubicada en Ocampo, podría generar el saqueo del recurso forestal de la zona norte de la entidad, al representar dificultades económicas y de tiempo para los productores y transportistas acudir hasta la ciudad de Durango a tramitar sus respectivos permisos, por lo que es necesario la reapertura del lugar.
Lo anterior fue advertido por el diputado priista oriundo de Guanaceví, Rogelio Ayala Arzola, al refutar al delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alfredo Rangel Pescador, que el cierre del mencionado centro obedezca a irregularidades en la expedición de los permisos para el aprovechamiento de la materia prima del bosque. ?Si encontró corrupción, que finque las responsabilidades, pero ello no debe ser motivo para que se afecte a toda una zona?, enfatizó.
Según declaración que publicó El Siglo de Durango, Rangel Pescador comparó las anomalías que hay en la zona forestal de Guanaceví con las que originaron en Mezquital la veda a la explotación del recurso silvícola, y lo atribuyó a situaciones de corrupción en la oficina del CATER ubicado en Ocampo, dónde se expedían los permisos de aprovechamiento y traslado de la madera.
Sin embargo, Rogelio Ayala argumentó que están de acuerdo en que se aplique veda en las zonas en que el aprovechamiento haya sido ilegal, e inclusive que se finquen responsabilidades, pero que no se tome como pretexto para cerrar el centro, y con ello obligar a los productores y transportistas a ir hasta la ciudad de Durango a realizar los trámites, lo cual les implica gasto económico y pérdida de tiempo.
Dijo que de persistir el cierre del centro podría generarse el aprovechamiento clandestino del recurso forestal, ante lo complicado que pudiera resultar para los permisionarios del bosque trasladarse a la ciudad de Durango para realizar el trámite documental.
Para la Delegación Semarnat es muy fácil tomar la decisión de cerrar la oficina, bajo el argumento de corrupción, que además no se ha demostrado, y ni siquiera se han realizado las investigaciones correspondientes.
Pero con ello se provoca un mayor problema social y económico, que de no resolverse a tiempo puede derivar en situaciones de anarquía y orillar a que se incremente el clandestinaje, enfatizó el diputado.
Reiteró que no están en contra de que se apliquen las sanciones correspondientes, en caso de ser reales las irregularidades y corrupción, pero que a la par se reabra la oficina para que los posesionarios del bosque de Tamazula, San Bernardo, Ocampo y Guanaceví puedan realizar los trámites sin mayores problemas de traslado.