La Procuraduría Agraria reconoce que actualmente hay una agenda de diez núcleos agrarios en conflicto
Después de rumores e informaciones no confirmadas, ayer la delegación de la Procuraduría Agraria desmitió la invasión presuntamente auspiciada por grupos de tepehuanos al predio Bernalejo de la Sierra, pero reconoció que hasta el momento no se ha ejecutado el decreto de expropiación de las cinco mil 465 hectáreas que se disputaban ejidatarios de Valparaíso, Zacatecas, y comuneros indígenas de Santa María de Ocatán, municipio del Mezquital.
Un análisis interno del sector agrario intuyó que los rumores de invasión en el mencionado predio tienen que ver con los procesos de renovación de la mesa directiva del comisariado de Santa María de Ocotán e incluso con el precalentamiento por la sucesión en la alcaldía del Mezquital, los cuales han alterado a los grupos tepehuanos.
Entrevistado sobre el particular, el fiscal agrario en la entidad, Jesús Retamoza Vega, aseguró que es falsa la versión de la ocupación del mencionado espacio, aunque es cierto que persiste la inquietud entre los indígenas porque que no se ha consumado la expropiación por parte de las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria.
“En realidad sólo es cuestión de esperar, en virtud de que los aspectos legales y los procedimientos para regresar las tierras a los tepehuanos están debidamente definidos”, enfatizó el delegado de la PA.
OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN
En relación con el tema agrario, destacó que actualmente hay una decena de conflictos vinculados a problemas de linderos de tierras y situaciones de tipo interno en igual número de núcleos; sin embargo, el estado de Durango no está clasificado como un “foco rojo” en el contexto nacional.
Incluso, precisó que la confrontación entre comuneros de San Bernardino de Milpillas, municipio de Pueblo Nuevo, y un grupo de pequeños propietarios no tiene razón de ser, no se justifica la invasión y adicionalmente el Gobierno del Estado conminó a dejar la ocupación “simbólica” de las diez mil hectáreas en el predio Cuevecillas y Culebras.
Otro caso particular tiene que ver con el conflicto entre el ejido La Cañita y San Isidro-San José de las Víboras, ubicados en los municipios de Tamazula y San Dimas, respectivamente, pero actualmente esta situación está en manos de los tribunales y es posible un posible arreglo por vía de la conciliación, anotó Retamoza Vega.
Subrayó que originalmente, al inicio del 2003, estaban detectados 22 conflictos agrarios, de los cuales doce se resolvieron y diez permancen todavía en procesos judiciales o en esquemas de conciliación.
CERTIFICACIÓN
Irregulares, 40 ejidos
Cuarenta núcleos agrarios, ubicados principalmente en la región indígena del estado, no han podido ser incorporados al Programa de Certificación de Derechos Ejidales, como consecuencia de controversias internas y diversas situaciones especiales, según datos del Consejo Estatal Agrario.
Según los datos oficiales, hasta el momento se han regularizado mil 048 núcleos –entre ejidos y comunidades-, los cuales representan una superficie del orden de los seis millones 754 mil 585 hectáreas, pero la proyección de este año es llegar a las mil 060 certificaciones.
De acuerdo con los datos consultados, los problemas que han impedido el acceso al Procede para las cuatro decenas de ejidos son situaciones de linderos con otros núcleos y con otros estados como Nayarit.
A LA BAJA
Decrece población ejidal
Mientras que el VII Censo Agropecuario registró la existencia de 138 mil 252 ejidatarios y comuneros en el estado, actualmente se estima que hay 132 mil 202 repartidos en mil 100 núcleos
Municipio Población Porcentaje
Mezquital 21,467 16
Durango 10,192 7
S. Papasquiaro 7,792 6
Canatlán 6,355 5
Gómez Palacio 6,029 4
Otros 86,417 62
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.