Que el Ejército tuviera que ocupar sedes de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) reconfirma que México sigue perdiendo la guerra contra las drogas. Es de sentido común hacer una revisión de la estrategia con que estamos enfrentando la producción, el tráfico y el consumo de narcóticos.
Si los estupefacientes son la principal amenaza a la seguridad nacional se debe a causas concatenadas. Estados Unidos, nuestro vecino, tiene la mayor concentración de consumidores del mundo pero define a las drogas como nocivas para la salud física y espiritual. Su enfoque es punitivo y lo exporta a todo el mundo. El apetito estadounidense es alimentado, en buena medida, por mexicanos que, aprovechándose de nuestra ubicación geopolítica han probado ser altamente eficientes. El resultado es una actividad altamente lucrativa e ilegal que tributa de mil maneras en un delta de violencia y corrupción.
La política del Gobierno mexicano siempre ha estado influida por el pensamiento y las prioridades definidas por Washington. Desde hace varias décadas nuestros soldados y policías atacan la producción y el tráfico para, de esa manera, reducir las cantidades que llegan a Estados Unidos. No han tenido éxito y el Gobierno de Vicente Fox hizo ajustes a la estrategia. Uno de los especialistas en la materia, Jorge Chabat, piensa que la prioridad del nuevo Gobierno está en golpear a los grandes cárteles para reducir su peligrosidad y empujarlos hacia otras bases en la Cuenca del Caribe (se dice que una alternativa para las redes criminales es Jamaica y una Cuba post-Castro). El asedio a los cárteles mexicanos que está haciendo el Ejecutivo se apoya en un esfuerzo notable por mejorar la eficacia y capacidad del aparato de seguridad. Es incuestionable la creciente calidad de la inteligencia producida por las fuerzas armadas, y la seriedad del ataque a la corrupción oficial (especialmente la que se da en la PGR). Por eso mismo es tan alarmante la ocupación que hizo el Ejército de las sedes de la FEADS en Tijuana y otras ciudades. Perturba que los agentes de la flamante Agencia Federal de Investigaciones se hubieran quedado con cinco toneladas de marihuana y tuvieran secuestrados a dos narcotraficantes que pudieron obtener libertad y mercancía a cambio de dos millones de dólares. Que esto pasara con un Gobierno comprometido, y en serio, en el combate a la corrupción y el narcotráfico es una confirmación de que pese al cambio el narcotráfico sigue corrompiendo a los cuerpos de seguridad. Cambiaron el momento y el nombre de los actores, pero el guión sigue siendo el mismo. Ante esto, la reestructuración de la PGR que acaban de anunciar se ve con profundo escepticismo.
Es forzoso iniciar una revisión crítica de la actual estrategia. La inicio planteando dos propuestas concretas. Una es reconocer que el consumo está creciendo exponencialmente en México. Las encuestas y estudios que se conocen muestran que nuestra juventud está llegándole a las drogas en cifras sin precedentes y conoceremos la verdadera magnitud del problema cuando se conozca la encuesta quinquenal sobre adicciones que este año debe hacer la Secretaría de Salud. Pese a la evidencia de que el consumo crece, el presupuesto federal sigue gastándose mayoritariamente en combatir la producción y el tráfico confirmando que los supuestos de la actual política no se han modificado. Las cifras son elocuentes: en 1999 el Gobierno Federal dedicó 770 millones de dólares a la erradicación y la intercepción, y sólo 26 millones a reducir el consumo de drogas (un miserable 3.7 por ciento del total). Es absurda esta iniquidad porque tal vez más mexicanos se ven afectados por el consumo que por la producción y el tráfico. Otro aspecto, ciertamente más polémico, es el de la despenalización del uso y consumo de la marihuana (que es totalmente diferente a una legalización de los narcóticos). Una medida de este tipo buscaría reducir los márgenes de ganancia de las bandas criminales, bajar la presión sobre policías, Poder Judicial y partidos y, más importante todavía, lanzar una señal de que empezamos a buscar opciones. Cuando sale esta propuesta una reacción bastante común es rechazarla porque, se dice, “Washington no lo aceptaría”.
Es verdad que padecemos una condicionalidad impuesta por la vecindad y la asimetría de poder, pero no podemos ignorar los cambios que se están dando en el mundo sobre la percepción del problema y la forma de enfrentarlo. Despenalizar la marihuana ya no es una medida tan revolucionaria como parecía hace algunos años porque por doquier se reconoce que las políticas actuales no funcionan, y que el consumo no se reduce. En Holanda hay cafeterías (las famosas “Coffe Shops”) que abiertamente ofrecen marihuana y hashish; en Inglaterra no se persigue a los consumidores -despenalización en la práctica- argumentando que la policía debe concentrarse en atacar delitos más graves; en Australia del Sur ya se autoriza el cultivo para el auto-consumo; y Canadá ya considera alguna forma de legalización. Incluso en Estados Unidos se experimenta con nuevas fórmulas. El Gobierno Federal mantiene su rigidez, pero los Gobiernos locales se flexibilizan. Una decena de estados ya aceptan el uso de la marihuana con propósitos medicinales. Según la revista Time (Joel Stein, “The New Politics of Pot”, del cuatro de noviembre del 2002) “el movimiento pro (legalización de la) marihuana ha ganado tanto terreno que ya no puede ser ignorado como un elemento marginal”, de acuerdo a una encuesta de Time/CNN un 34 por ciento de los estadounidenses están a favor de una legalización total y un trío de millonarios (George Soros, Peter Lewis y John Sperling) financian abiertamente a grupos que buscan legalizar esta droga.
La postura ha ganado tanta legitimidad que Businessweek publicó la colaboración de un Premio Nobel de Economía, Gary S. Becker, que argumenta a favor de la despenalización (“It’s Time to Give Up the War on Drugs”, 17 de septiembre del 2001). En suma, y de acuerdo a uno de los expertos más reconocidos en el tema, Bruce Bagley, profesor de la Universidad de Miami, “tarde o temprano Estados Unidos despenalizará el consumo de la marihuana”. No hay soluciones fáciles a la degradación de nuestras policías o a la violencia criminal causada por las drogas que se producen, trafican y consumen en México. Ningún cambio será fácil, y los resultados tampoco serán automáticos o rápidos. Hay enormes resistencias sociales e institucionales, poderosísimas redes de interés y muchas obligaciones internacionales que debemos cumplir. Reconociéndolo, tampoco es recomendable la parálisis. Es imperativo revisar la actual política y abrir el abanico de opciones y alternativas para mexicanizar política y estrategia invirtiendo los supuestos presentes. Para empezar, nosotros no le hemos generado un problema a Estados Unidos; son ellos los que nos los están creando. Además de ello, las ideas que nos impusieron (y que nuestros gobernantes aceptaron), no funcionan y nos imponen enormes costos. Modificados los supuestos tendrían que repensarse las consecuencias que tiene para nuestra seguridad nacional la actual política. Está bien que se combata a los cárteles y a la corrupción y que se profesionalice el aparato de seguridad. Pero resulta criminal que ignoremos el consumo y descuidemos la prevención, la educación y la rehabilitación de los adictos y que no empecemos a considerar los pros y los contras de medidas como despenalizar la marihuana. Seguimos perdiendo la guerra, y no estamos para desechar lo que otras sociedades están experimentando.
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