26 julio 2003
BUENOS AIRES, (AP).- El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral informó el sábado que ya se encuentran detenidos al menos 40 de los 46 militares retirados requeridos por el juez español Baltasar Garzón para ser juzgados en su país europeo por genocidio, tortura y terrorismo durante la dictadura de 1976 a 1983.
"Me faltan localizar no más de cuatro personas del total. Estamos en alrededor de las 40 personas entre detenidos por esta causa y algunos que se encontraban ya detenidos por otras causas", explicó Canicoba a una radioemisora.
Entre los detenidos se encuentran el ex capitán de navío Alfredo Astiz, juzgado en ausencia en Francia por la muerte de dos monjas de ese país que ayudaban a familiares de desaparecidos ,y el General de División retirado Antonio Bussi, recientemente electo alcalde de la capital de la provincia norteña de Tucumán.
En tanto, los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera se encuentran cumpliendo arresto domiciliario por su participación en el robo de bebés nacidos en centros clandestinos de detención durante la dictadura y continuarán bajo ese régimen de detención.
Canicoba deberá resolver si a algunos de los detenidos les cabe el arresto domiciliario, un beneficio que la legislación argentina otorga a los imputados mayores de 70 años --la mayoría de los integrantes de la lista de Garzón superan esa edad-- o padecen enfermedades graves.
El magistrado, que el jueves ordenó la detención de 45 ex militares y un civil, rechazó todos los pedidos de exoneración de prisión y volvió a resaltar la decisión del presidente Néstor Kirchner de derogar un decreto que impedía la extradición de ex militares requeridos por terceros países para su enjuiciamiento.
Kirchner anuló el viernes un decreto firmado en 2001 por el entonces presidente Fernando De la Rúa que rechazaba de plano todos los pedidos de extradición de ex militares acusados en el exterior por crímenes durante la dictadura, en la que según grupos de derechos humanos desaparecieron 30.000 personas.
Hasta ahora todos los pedidos de extradición --que también han elevado Francia, Suecia e Italia-- habían chocado contra el decreto de De la Rúa. La medida del presidente abre las puertas al reclamo de Garzón, que busca juzgar en su país a los 46 ex represores.
Los imputados seguirán detenidos en unidades militares, con excepción de aquellos que actualmente cumplen arresto domiciliario. Garzón tiene ahora 40 días para elevar el pedido de extradición a la justicia argentina, que deberá resolver si envía a los ex represores a Madrid.
Varios de los ex militares requeridos por Garzón se beneficiaron con dos leyes exculpatorias sancionadas en los ochenta y con el indulto del presidente Carlos Menem en 1990.
Desde la detención de los ex militares varias voces se han alzado por la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final --que terminaron con los procesos contra los represores de la dictadura-- y que de quedar anuladas podrían dar lugar a la apertura en Argentina de nuevos juicios.