Exigen que se informe sobre el estado de quiebra en que se encuentra la Integradora
El de ayer fue un día de manifestaciones, marchas, plantones y reclamos. Empezó temprano el desfile de organizaciones sociales y políticas, tanto en la Plaza IV Centenario y en Palacio de Gobierno, como en empresas particulares del centro de la ciudad. Lo anterior se desarrolló en el contexto del quinto informe de gobierno, que rendirá este viernes el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier a la sociedad.
Las protestas fueron muchas: desde una organización de transportistas que pidió 30 juegos de placas de transporte público para explotarlas en Cuencamé, pasando por agrupaciones sociales que exigieron apoyos para la reconstrucción de 500 techos de casas dañadas por las lluvias en diferentes colonias de la ciudad, hasta la queja de un numeroso grupo de campesinos que advierten perder su producción de frijol si no se aplica un plan emergente para la comercialización del grano.
TEMPRANO
Desde las primeras horas de ayer, decenas de ecotaxis de la Federación Independiente de Organizaciones del Transporte (FIOT) fueron estacionados encima de la Plaza IV Centenario de la ciudad de Durango, con el objetivo de presionar a las autoridades del gobierno estatal para que liberaran concesiones de transporte público que necesitan para el municipio de Cuencamé.
Gamaliel Ochoa Serrano, líder de los taxistas de la FIOT-Colosio, explicó que la CTM tiene monopolizado el traslado de minerales en las minas de bentonita de ese municipio, lo cual causa perjuicio a personas de ese lugar que han hecho inversiones para comprar camiones de carga de 12 toneladas a fin de realizar tales fletes. “Le pedimos al gobierno que libere 30 juegos de placas para poder romper ese monopolio y dar trabajo que sí se justifica a los camioneros de carga pesada que ya invirtieron en sus unidades”, dijo.
Junto con los transportistas, llegaron organizaciones sociales como la Organización Popular de Colonias Independientes (OPCI), el Movimiento Popular Independiente (MOPI) y la Central Campesina Urbana, Democrática y Popular (Ccudepo), a fin de pedir apoyos a personas marginadas, como la implementación de un programa emergente de reparación de techos en el municipio de Durango, ya que hay más de 500 hogares que fueron severamente afectados por las lluvias en días pasados.
CAMPO
Con el membrete de la Organización de Defensa Campesina (ODC), un grupo de agricultores de la zona de Los Llanos y de diferentes municipios hizo el planteamiento de la grave situación que aqueja a los productores de frijol, ya que se prevé que éste sea un buen año para la producción del grano, pero visualizan un pésimo ciclo en lo que se refiere a la comercialización.
“No hay propuestas del gobierno estatal para resolver la cuestión de la comercialización; eso es grave, pues estamos casi a mediados de septiembre, la recolección del grano está por iniciar en 15 ó 20 días y, sin embargo, no hay certidumbre para nosotros. Estamos a merced de que los ‘coyotes’ compren nuestra producción a 1.50 o a dos pesos”, dijeron los comisariados ejidales antes de entrevistarse con el secretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Silva Cardona.
El petista Gustavo Pedro Cortés, quien encabezó la movilización campesina en Palacio de Gobierno, fue tajante al exigir a las autoridades estatales que informen sobre el estado de quiebra en que, según él, se encuentra la Integradora Estatal de Productores Agropecuarios, institución que el año pasado operó buena parte del acopio de frijol en el estado y que no recuperó más de 40 millones de pesos.
El negocio
Presión a empresas
Otros líderes sociales se movilizaron en empresas particulares como la Mueblería Central. De manera simultánea, mientras en la zona de Palacio de Gobierno se registraba la llegada de organizaciones sociales, campesinas y de transportistas, en esa empresa ubicada en Negrete y Constitución se llevó a cabo un plantón convocado por los dirigentes Wenceslao Reyes, Pedro Durán y José Ángel Mejorado.
Fueron a presionar a los directivos de la negociación departamental para que dejaran de proceder legalmente contra clientes morosos que simpatizan con sus respectivas organizaciones sociales; sin embargo, ya estando en las oficinas del área jurídica, aprovecharon para “solicitarle” 100 mil pesos a la encargada de ese departamento en la mueblería, María Lourdes Saravia Castillón, a cambio de terminar con el plantón.
Amenazaron a esta persona advirtiéndole que la gente entraría al negocio y se sentaría a comer en las salas y comedores que ahí se ofrecen al público, pero después de minutos de diálogo y de la llegada del jefe de la Policía Ministerial, Eulalio Aldama, decidieron irse.