La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Norma Beatriz Pulido Corral, afirmó ayer que no le teme al juicio político que están promoviendo en su contra los legisladores locales del Partido Acción Nacional, porque aseguró que siempre ha actuado conforme a derecho.
Rechazó los señalamientos que hacen en su contra actores políticos que incurren “en actitudes maliciosas, temerarias y de mala fe”.
Reiteró que todos los recursos de impugnación que se han presentando ante este organismo han sido desechados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por improcedentes, al encontrar que la actuación ha estado apegado a derecho, todos, y durante los últimos 4 años.
El pasado miércoles 7 de mayo, Rosario Castro Lozano inició el procedimiento de juicio político al entregar la demanda respectiva ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, por considerar que existen pruebas de una serie de irregularidades.
En rueda de prensa, convocada ayer al mediodía en su oficina, aclaró cada uno de los señalamientos ventilados en los medios de comunicación por los legisladores panistas, exhibió los expedientes y mostró varios números de la Gaceta, de diferente periodos y años.
Lamentó los acontecimientos que se están presentando en torno a la CEDHD, y reiteró en varias ocasiones que ha trabajado con estricto apego al marco jurídico. “La Comisión Estatal de Derechos Humanos rechaza los infundados señalamientos en su contra”, afirmó.
En cuanto a los señalamientos de los legisladores en el sentido que en el informe del año 2001 se concluyeron 186 expedientes, por solucionados, y que 72 expedientes fueron concluidos bajo procedimiento de conciliación, aclaró que en ningún momento se violentó la ley, porque únicamente se proporcionó la información más general.
En el caso de Natalio Larreta y Raúl Valenzuela, quienes señalan como responsables a elementos de las corporaciones policiacas de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio y de la Policía Ministerial, respectivamente, esta Comisión emitió propuesta de conciliación a la autoridad y se solicitó la aplicación del procedimiento administrativo.
En otra parte, agregó, mencionaron que en los informes de 1999 y 2000 se emitieron 67 propuestas de conciliación y que ello perjudicó a 67 quejosos, y lo anterior “sí resulta aberrante si se toma en consideración que este organismo emitió la propuesta para efecto de la aplicación de procedimiento administrativo. Entonces, ¿cuál estado de indefensión?, ¿cuál perjuicio se causó a los quejosos?, ¿cómo se privó a los quejosos de protección?”.
Sobre las aseveraciones de los panistas de que 246 expedientes fueron concluidos como no violatorios, y que se debió haber emitido acuerdo de no responsabilidad, afirmó que aquí se aprecia un desconocimiento jurídico porque el artículo 82, fracción II del reglamento anterior y el 95, fracción VIII del que se encuentra en vigor, dispone que los expedientes podrán concluirse por no violatorios.
También aclaró los casos de César Noel y José Guadalupe Martínez Delfín, y de Melquiades Salazar Cepeda. Y sobre las Gacetas indicó que todas se encuentran publicadas y que contienen la información continua y permanente.