Exactamente dentro de un mes, el 7 de diciembre, se efectuará la elección extraordinaria para gobernador de Colima, resultado de la anulación de los comicios ordinarios efectuados el seis de julio. La Constitución de esa entidad impone plazos perentorios, pues no permite que la duración del interinato a falta del gobernador elegido sea mayor de dos meses.
Tal apremio legal obliga a los partidos a procesar con toda velocidad sus decisiones, que no pueden limitarse a una reedición automática de las circunstancias que rigieron la jornada electoral anterior. Es seguro que surjan coaliciones, cuyo alcance deberá precisarse cuanto antes pues se estableció el domingo como fecha límite para registrarlas el próximo domingo.
Como ocurrió durante la campaña a la postre fallida, es notable el activismo del ahora ex gobernador Fernando Moreno Peña. Cuando todavía ejercía el Poder Ejecutivo consiguió la designación de su antiguo secretario particular, y secretario de Educación en tiempos recientes, Carlos Flores Dueñas para cumplir el breve pero relevante interinato. Y tal como lo hizo antes, aunque ahora ya sin el impedimento de gobernar, dirigirá la campaña de Gustavo Vázquez Montes, a quien apadrinó dos veces antes —en la elección interna y en la constitucional— y arropa una vez más.
Junto a Roberto Madrazo, Moreno Peña presidió el acto de nueva protesta de Vázquez Montes, como candidato elegido sin dificultad para abanderar otra vez al PRI, que probablemente participe ahora en una alianza, seguro con el Partido Verde y acaso con otros partidos, particularmente el de carácter local llamado Asociación por la Democracia Colimense, que llevó al Congreso a una diputada.
De otro modo practicó el ex gobernador su activismo en esta nueva etapa de la política de Colima. Expuso su posición frente a un hecho ominoso y deleznable ocurrido al amanecer del martes pasado: a las afuera del edificio de la Cámara de Diputados aparecieron los cuerpos de tres perros ultimados de un balazo en la cabeza cada uno. Tenían además clavados sendos letreros, con los nombres de Moreno Peña, Vázquez Montes y Antonio Sam López, el procurador de justicia citado en la resolución del tribunal electoral de la Federación que anuló las elecciones, como autor de acciones destinadas a impedir la libre circulación de los ciudadanos y dificultar con ello el ejercicio de su voto el seis de julio.
Moreno Peña acusó expresamente el golpe. Hizo publicar en la prensa local un mensaje en que sentencia: “Ejecutar a esos animales y tirarlos afuera del Congreso del estado es un desprecio a la representación popular y al voto de la gente que los eligió, Mi esposa, Hilda Cevallos, forma parte de la actual legislatura estatal. Entiendo el cobarde mensaje, propio de la mafia: querer asustar a mi familia no les va a resultar; estamos acostumbrados a enfrentar la adversidad y saldremos adelante una vez más”.
Los partidos de la oposición colimense y sus comités nacionales, deben resolver dos dilemas para encarar el desafío electoral. Por una parte, decidir si forman un frente común, una coalición que sostenga a sólo un candidato y quién será éste. Tal como hizo el PRI, que refrendó a Vázquez Montes, parecería lógico que Acción Nacional insistiera en la candidatura de Enrique Michel, pero no será necesariamente así, aunque moralmente el alcalde de Colima con licencia es merecedor de una compensación política que lo haga habitar la casa de gobierno, derecho que dos veces le escamoteó el priismo.
En 1997 mantuvo una contienda muy cerrada contra Moreno Peña, luego ganó la elección municipal en la capital y finalmente pudo haber vencido a Vázquez Montes no de ser por el eficaz patrocinio del candidato priista practicado por el gobernador.
Dos factores inhiben la decisión panista de hacerlo candidato una vez más. Una es de orden político y en una de sus facetas implica la existencia de varias corrientes en el PAN de Colima. Quienes objetan la nueva postulación de Michel ponen el acento en la disminución de su caudal electoral de unos a otros comicios y temen que esa disminución, no remediada por una eventual alianza, condujera a una nueva derrota, esta vez irreversible. También obra en contra de Michel el fantasma de una súbita inhibición judicial o política, ya que está sujeto a dos procedimientos que pueden afectarlo de un momento a otro. En la esfera penal se le acusó de usurpación de profesión por firmar documentos ostentándose como ingeniero sin serlo. Y se ha pedido juicio político en su contra por presuntos manejos indebidos en la alcaldía. La mayoría priista en la Cámara de Diputados podría inhabilitarlo y dejar sin candidato a su partido.
Por todo eso se avizora la posibilidad de que lo sustituya el flamante diputado federal Antonio Morales de la Peña, primer vicepresidente de la Cámara. Ganó su curul en el primer distrito, que comprende a la ciudad de Colima, donde se reúne más de la mitad del electorado estatal, lo que le da una ventaja de arranque.
Pero su posibilidad de triunfo pleno acaso dependa de que el PRD, que sostuvo la candidatura del ex diputado priista Jesús Orozco Alfaro, admita presentar una vez más un candidato externo y en coalición con el PAN. En pos de esa alianza trabajan directivos estatales y nacionales de ambos partidos y los propios eventuales candidatos, que a marchas forzadas se reúnen en Colima y en la ciudad de México. Si esos empeños no culminaran en una acción común, el PRI triunfará de nuevo.