La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado se habrá de reunir este día con la finalidad de emitir un dictamen consensuado para aprobar la iniciativa del Gobernador del Estado para desincorporar los terrenos de las actuales instalaciones de la feria y, en consecuencia, puedan ser susceptibles de enajenación. En este contexto, el PT señala que siguen las irregularidades, ya que el alcance enviado por el Ejecutivo no entró por correspondencia.
El diputado del PRI Rogelio Ayala Arzola, en su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda, señaló que la semana pasada se reunieron y comenzaron a escuchar las propuestas del PAN y del PT con relación a la iniciativa que primeramente había enviado el Gobernador del Estado, en donde solicitaba la autorización del Poder Legislativo para enajenar los terrenos de la actual feria, con la finalidad de poder comprar los terrenos de las nuevas instalaciones.
Explicó que una vez que salió a relucir que existía ya un convenio de compra-venta de los nuevos terrenos y que, como complemento del pago, se destinarían 5 mil metros cuadrados de las actuales instalaciones a la familia que venderá al Gobierno una superficie de 40 hectáreas.
Recordó que los propios diputados del PRI fueron los que propusieron que se regresara a comisiones el dictamen que se había elaborado al respecto, precisamente para poder aclarar esta situación. Una vez que el propio Gobernador envió al Congreso un alcance a la iniciativa inicial, se aclara todo y como consecuencia se pretende emitir un dictamen que reúna el consenso de todos los integrantes de la Comisión de Hacienda, con la finalidad de que se pueda llevar a cabo la desincorporación de los terrenos de las actuales instalaciones de la feria y proceder a su venta para comprar y comenzar la urbanización de los nuevos terrenos.
En este sentido, explicó que ya se tuvo una primera reunión y ahora se habrán de reunir de nueva cuenta, esperando poder sacar ya un dictamen final que permita autorizar al Ejecutivo que entregue los 5 mil metros cuadrados comprometidos con la familia Chavarría Diez como complemento de pago de las nuevas instalaciones. Asimismo, que el Gobierno pueda licitar el resto de la superficie que son 64 mil metros cuadrados.
EXISTEN IRREGULARIDADES
No obstante, el diputado del Partido del Trabajo, Alfonso Mercado Chávez, indicó que se siguen presentando irregularidades en todo este proceso, ya que recordó que existen algunos impedimentos para que a esos terrenos se les pueda dar un uso contrario al que están destinados, tanto desde el contrato de compra-venta de esa superficie en 1957, como posteriormente el decreto de 1971, el cual condiciona la utilización de dichas instalaciones por el uso de suelo asignado, y no para fraccionar, como se pretende hacerlo.
Asimismo, indicó que, en la sesión de mañana martes, vence el plazo para que la Comisión de Hacienda, a la cual se le regresó el dictamen, pueda presentarlo y que sea sometido a consideración del pleno.
Explicó que se quiso remediar todo esto a través de un alcance que envió el Ejecutivo al Congreso del Estado, pero resulta que éste no entró por correspondencia como lo señala la Ley Orgánica. Sin embargo, este documento ya está siendo analizado en la Comisión de Hacienda para que, con base en el mismo se emita un dictamen, lo que constituye una ilegalidad, ya que primeramente se debe cubrir el requisito de recibir el mismo por correspondencia y que sea canalizado a la comisión correspondiente, por lo que no es válido que se quiera utilizar como tal.
Todas estas controversias deberán ser analizadas al interior de la Comisión de Hacienda, esperando que puedan sacar un dictamen y que sea aprobado por consenso, o bien someterlo directamente a la consideración del pleno.